VALENCIA. — El próximo domingo 6 de septiembre, a las 12:00 horas, la Plaza del Ayuntamiento de Valencia acogerá una concentración ciudadana para exigir la aplicación efectiva de la Ley 7/2023 en materia de protección y gestión ética de las colonias felinas. La cita se suma a una jornada de protestas coordinadas en 38 puntos del país bajo la convocatoria de colectivos de protección animal y la plataforma LOS GATOS TIENEN LEY.
Más de tres años después de la entrada en vigor de la normativa estatal, los colectivos convocantes denuncian una inacción sistemática por parte de numerosos ayuntamientos. La ley atribuye a las entidades locales la responsabilidad legal de registrar, identificar mediante microchip, esterilizar y prestar asistencia sanitaria a los gatos comunitarios mediante los programas CER (Captura, Esterilización y Retorno). Sin embargo, las organizaciones aseguran que la falta de presupuestos y de voluntad política mantiene la carga económica y operativa sobre las personas gestoras, compuestas mayoritariamente por voluntarias.
Grave sobrecarga y desprotección personal
Según señalan desde la plataforma, las voluntarias continúan asumiendo de su propio bolsillo la compra de alimento, el pago de facturas veterinarias y las labores diarias de captura y cuidado. A la fatiga financiera y personal se añade un problema recurrente de seguridad: los episodios de acoso, hostigamiento y amenazas por parte de particulares a los que deben enfrentarse sin respaldo ni protección institucional.
«Seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias. Muchas gestoras, además de sentirse abandonadas por sus administraciones, tienen que enfrentarse a amenazas simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por los ayuntamientos», afirma Mónica García, portavoz nacional de LOS GATOS TIENEN LEY. Desde la Colectiva de gestoras felinas de Valencia subrayan que la colaboración ciudadana no debe confundirse con la sustitución de las obligaciones públicas.
Reivindicaciones clave
La movilización del 6 de septiembre pondrá sobre la mesa un pliego de demandas concretas dirigidas a las administraciones locales y autonómicas:
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Financiación y estabilidad: Dotación de partidas presupuestarias suficientes para implementar programas CER permanentes y atención veterinaria continua.
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Control y censo: Creación de censos oficiales, microchipado a nombre de las administraciones y trazabilidad real de los animales.
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Protección legal al voluntariado: Mapeo de colonias y protocolos de actuación policial frente a amenazas, acoso o trabas en el desarrollo de sus funciones.
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Fiscalización pública: Transparencia y control riguroso sobre los contratos e intervenciones que las administraciones externalizan con empresas privadas.
