Sánchez y sus ministros consideran una «anomalía democrática» la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’, mientras Óscar Puente avisa de que no se pondrá «una venda ni una mordaza» frente a jueces que hacen «política».
MADRID.— El choque entre el Poder Ejecutivo y la judicatura ha alcanzado este martes un nuevo máximo de tensión institucional. Tan solo unas horas después de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, aprovechase la solemne apertura del curso judicial para reclamar «respeto» al Gobierno y advertir del peligro de erosionar la confianza en las instituciones, la respuesta del gabinete de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar. Lejos de rebajar la fricción, el Ejecutivo de coalición ha respondido elevando el tono y reafirmando sus críticas hacia lo que consideran resoluciones con trasfondo político.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido uno de los más contundentes al replicar formalmente a las advertencias de la cúpula judicial. Puente ha dejado claro que «no va a pasar» que el Gobierno guarde silencio y ha asegurado tajantemente que no se pondrá «una venda y una mordaza» ante aquellos magistrados que, en su opinión, se dedican a hacer «política» desde los tribunales.
Fricción por la ‘Ley de Nietos’
El detonante principal de esta nueva escalada ha sido la reciente decisión judicial de suspender de forma cautelar el derecho a voto de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘Ley de Nietos’.
Desde el seno del Gobierno, la medida ha provocado un rechazo unánime:
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Pedro Sánchez: El presidente del Gobierno ha calificado la suspensión judicial como una «anomalía democrática», denunciando que la resolución atenta de manera directa contra la libertad y «cercena el derecho a voto» de miles de nuevos ciudadanos españoles.
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Ala de Yolanda Díaz: Varios ministros del espacio de Sumar han ido un paso más allá en sus descalificaciones, tildando la medida cautelar directamente de «disparate».
| Frente Institucional | Posición y declaraciones clave |
| Poder Judicial (CGPJ) | Isabel Perelló: Advierte de que las descalificaciones del Ejecutivo hacia los jueces «hacen daño a la democracia» y proyectan un mensaje de desconfianza en la justicia a toda la sociedad. |
| Gobierno de Coalición | Pedro Sánchez / Óscar Puente: Acusan a ciertos jueces de sobrepasar sus atribuciones y denuncian que la suspensión del voto a los nacionalizados vulnera derechos fundamentales. |
Un clima de desconfianza mutua
El severo aviso de la presidenta del CGPJ, diseñado para defender la independencia judicial en el acto que marca el inicio del año judicial, ha quedado así eclipsado por el contrataque político. La firmeza exhibida por el Ejecutivo evidencia la profundidad de una brecha institucional que amenaza con enquistarse durante la legislatura, en un clima donde la frontera entre la labor jurisdiccional y el debate político se sitúa más tensionada que nunca.
