La impunidad del rodillo municipal: El Ayuntamiento de Valencia vuelve a profanar el patrimonio de ‘La Ceramo’ con pintura plástica tras prometer que no lo haría
La antigua fábrica de tejas y mayólicas La Ceramo, ubicada en la avenida de Burjassot número 142 del barrio de Benicalap, es uno de los testimonios más desgarradores del abandono del patrimonio industrial valenciano. Esta joya de finales del siglo XIX, cuyo valor arquitectónico neomudéjar y trascendencia histórica la hicieron merecedora de la protección oficial bajo la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL), asiste hoy a un nuevo y dantesco episodio de degradación.
Pero esta vez el enemigo no viste sudadera con capucha ni empuña un espray clandestino a altas horas de la madrugada. El enemigo viste uniforme oficial, cobra del erario público y ejecuta sus tropelías a plena luz del día bajo las directrices de la propia administración local.
Las alarmas han vuelto a encenderse en este mes de junio de 2026. Una serie de pruebas gráficas e irrefutables en vídeo han dejado al descubierto una nueva intervención masiva en los paramentos exteriores del inmueble protegido. Las fachadas de La Ceramo —tanto la principal, recayente a la Avenida de Burjassot, 142, como la lateral, que linda con el Carrer del Poeta Serrano Clavero— han amanecido cubiertas por enormes parches de una densa pintura plástica de color rosáceo y pardo.
El objetivo aparente era tapar los grafitis y pintadas delictivas que proliferan ante la pasividad municipal; el resultado real ha sido perpetrar un atentado estético y técnico contra los muros históricos del edificio. Una auténtica «chapuza» perpetrada de oficio que desfigura por completo la lectura arquitectónica del bien y acelera su deterioro físico.
Lo verdaderamente grave de este asunto no es sólo la flagrante falta de sensibilidad hacia un edificio protegido, sino que el Ayuntamiento de València ya fue advertido, amonestado y acorralado legalmente por esta misma práctica en el pasado. Estamos ante una reincidencia sistemática que evidencia una preocupante cultura de la impunidad dentro de los servicios municipales, donde las órdenes de protección patrimonial se papelonean y las resoluciones de los altos organismos de control autonómico se archivan en el cajón del olvido.
2024: la cronología de una mentira cazada a tiempo
Para comprender la magnitud del escándalo actual, es obligatorio mirar el retrovisor y analizar los antecedentes que el consistorio valenciano ha intentado ocultar con tanto celo. La batalla comenzó formalmente el 7 de marzo de 2024, cuando la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural presentó una severa solicitud de información vía transparencia. En aquel escrito, la entidad ciudadana exigía respuestas claras sobre las reiteradas intervenciones con pintura plástica que ya entonces venían sufriendo las fachadas del edificio desde el año 2022.
La primera reacción del Ayuntamiento de Valencia ante aquella petición fue la que mejor domina su maquinaria burocrática: la evasión y el silencio. Agotados los plazos legales y tras una prórroga injustificada, el consistorio emitió el 13 de mayo de 2024 una resolución incompleta que rozaba la burla. Mientras despachaban el estado del proyecto de rehabilitación con un escueto e insuficiente resumen, el apartado relativo a las brigadas de pintura que destrozaban la fachada fue silenciado bajo la cómoda fórmula de «se está recabando actualmente». Es decir, el Ayuntamiento afirmaba no saber quién, cómo ni cuándo se estaba pintando un edificio de su propiedad exclusiva.
Ante este evidente ejercicio de opacidad, el Círculo por la Defensa del Patrimonio elevó una queja formal ante el Síndic d¡Agravis de la Comunitat Valenciana. Fue la intervención del Defensor del Pueblo valenciano la que obligó a los servicios municipales a quitarse la careta, aunque no sin antes intentar una última maniobra de distracción.
En sus alegaciones presentadas en julio de 2024, el Ayuntamiento pretendió justificar sus retrasos argumentando la «especial complejidad» de la solicitud y escudándose en las «circunstancias y medios personales, materiales y técnicos de los que dispone». Llegaron incluso a insinuar de forma arrogante que, si el ciudadano no estaba conforme con la nula información recibida, acudiera a los tribunales de lo Contencioso-administrativo o al Consell Valencià de Transparència, obviando de manera flagrante las competencias fiscalizadoras del propio Síndic.
Finalmente, el Síndic dictó una resolución demoledora en la que tumbó de raíz las excusas del consistorio. El Síndic recordó de forma nítida que la información pública pierde total utilidad si la administración dilata las respuestas durante meses bajo el pretexto de que «está recabando datos» o alegando falta de medios. La resolución recomendó imperativamente al Ayuntamiento facilitar la copia íntegra de los expedientes y destapar la verdad sobre las polémicas intervenciones de repintado.
La confesión oficial: «Dimos la orden de no intervenir»
Acorralados por el dictamen del Síndic, el Ayuntamiento de Valencia no tuvo más remedio que firmar una resolución definitiva el 31 de julio de 2024 (visada por el concejal Juan Carlos Caballero Montañés). En ese documento oficial, que hoy se convierte en la principal prueba de cargo contra la propia administración, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos se vio forzado a confesar la verdad a medias:
«Vista la solicitud que antecede, tras consultar los antecedentes y actuaciones realizadas por la contrata municipal desde el año 2022 hasta marzo de este año en la fachada principal, lateral y trasera de La Ceramo, ésta informa que le consta únicamente una actuación puntual. Según la contrata, el día 7 de febrero de 2022 eliminó un grafiti en la pared recayente a la c/ José Grollo nº 43 mediante el repintado de aproximadamente 10 m2 de superficie con pintura plástica de color gris de una tonalidad similar a la existente en dicha fachada trasera.»
Sin embargo, el párrafo verdaderamente crucial e histórico de aquella resolución fue el siguiente:
«Cabe indicar al respecto, que desde este Servicio siempre se ha dado la orden a la contrata municipal de no realizar ningún tipo de actuación sobre este tipo de bienes protegidos por lo que actualmente no se está realizando ningún tipo de intervención.»
El Ayuntamiento admitía así, por escrito y con sello oficial, dos realidades incuestionables: primero, que aplicar pintura plástica sobre los muros históricos de La Ceramo es una práctica destructiva y prohibida; segundo, que existía una orden interna taxativa dirigida a todas las contratas municipales para que no tocaran jamás el inmueble protegido. Con esta declaración, los responsables municipales pretendieron cerrar la crisis, lavarse las manos y asegurar al Síndic y a la ciudadanía que la «chapuza» no volvería a repetirse.
El engaño de 2026: el retorno de las brigadas del plástico
Las mentiras institucionales tienen las patas muy cortas, especialmente cuando chocan contra el incansable activismo de la sociedad civil organizada. La tregua que el Ayuntamiento pretendió simular en el verano de 2024 ha saltado por los aires en este año 2026. Las órdenes internas que el Servicio de Limpieza presumía haber emitido han acabado en la trituradora de papel de la incompetencia generalizada.
Tal y como demuestra el documento de la nueva solicitud de transparencia presentada recientemente por el Círculo por la Defensa del Patrimonio, las brigadas municipales o sus empresas subcontratadas han vuelto a las andadas. Entre el mes de marzo de 2026 —periodo del que constan abundantes pruebas fotográficas que documentaban la aparición de nuevos grafitis en la fachada— y el presente mes de junio, el consistorio ha vuelto a desenfundar el rodillo y la pintura plástica más barata del mercado.
El resultado es visible para cualquier ciudadano que pasee por la Avenida de Burjassot: una sucesión de manchones de pintura plástica degradante que asfixia los ladrillos y paramentos del siglo XIX. Se trata de una agresión patrimonial que actúa por acumulación. Lo que el Ayuntamiento etiqueta internamente como «labores de mantenimiento del espacio público» o «borrado de pintadas» es, a la luz de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, una alteración no autorizada de un Bien de Relevancia Local.
Cualquier restaurador o técnico en patrimonio sabe perfectamente que la pintura plástica es un veneno para la arquitectura tradicional. Al crear una capa impermeable y sintética, impide la transpiración natural de los muros históricos, atrapando la humedad en el interior del ladrillo y del mortero original. Con el paso del tiempo y los ciclos de calor, esa humedad cautiva termina por cuartear la superficie, provocando el desprendimiento irreversible de los elementos ornamentales e históricos del BRL. El Ayuntamiento de Valencia, que debería ser el primer guardián de la integridad de sus monumentos, está acelerando deliberadamente la ruina de La Ceramo mediante métodos propios de un operario sin cualificación.
Un callejón sin salida legal: una nueva solicitud por transparencia
La paciencia de la ciudadanía organizada se ha agotado. En esta ocasión, la nueva petición de transparencia registrada ante el Ayuntamiento de Valencia ya no pide genéricamente información, sino que exige de manera directa la entrega de las Órdenes de Trabajo físicas, los Partes de Servicio, los Servicios Municipales implicados, los nombres de las empresas contratistas y, lo más importante, las Facturas y Certificaciones de Obra imputadas al presupuesto municipal. Además, la petición sitúa al consistorio ante un dilema legal de extrema gravedad: exige la copia del Informe Técnico del Servicio de Patrimonio Histórico que autorizó formalmente el uso de esa pintura plástica sobre el BRL.
Dado que es prácticamente imposible que un técnico de patrimonio con dos dedos de frente firme semejante aberración, la ausencia de dicho informe técnico obligará automáticamente al Ayuntamiento a reconocer que ha actuado al margen de la legalidad patrimonial. De este modo, la propia solicitud exige que, de no existir dicha autorización obligatoria, se entregue copia inmediata del Expediente de Disciplina Urbanística o de Investigación Interna que el Ayuntamiento está obligado a abrir de oficio para depurar las responsabilidades de esta actuación ilegal ejecutada con dinero público.
El consistorio ya no podrá argumentar que los documentos solicitados tienen carácter «auxiliar» o de «apoyo» para inadmitir la petición basándose en el artículo 18 de la LTAIBG, ya que se exigen actos administrativos firmes y ejecutados que obran de forma obligatoria en los registros informáticos de las contratas y las concejalías. Tampoco servirá la táctica del caracol de «estamos recabando los datos», pues las advertencias legales incorporadas en la denuncia invocan los criterios vinculantes del Síndic de Greuges y el estricto régimen sancionador de la Ley 1/2022 de la Generalitat.
Chapuceros, irresponsables y soberbios: la necesaria regeneración en la gestión del patrimonio
Este nuevo escándalo en torno a La Ceramo pone de relieve la profunda brecha existente entre la retórica institucional del Ayuntamiento de Valencia y la cruda realidad de sus calles. Mientras los responsables políticos se llenan la boca ensalzando la riqueza cultural de la ciudad y prometiendo proyectos millonarios de rehabilitación que se dilatan sine die en el tiempo, la realidad del día a día se gestiona a base de brochazos de pintura plástica sobre fachadas centenarias.
Es inadmisible que una capital que aspira a ser referente en la conservación de su legado histórico actúe con semejante grado de cutrez y soberbia. Negar los errores propios, ocultar la información a las asociaciones vecinales, ignorar las advertencias del Síndic y desobedecer las propias órdenes técnicas internas constituye un cóctel de irresponsabilidad política que no puede quedar impune.
Los ciudadanos de Valencia no merecen una administración pública que actúe de manera clandestina y destructiva contra su propia memoria histórica. El Ayuntamiento de Valencia ha sido cazado por segunda vez cometiendo una chapuza monumental en La Ceramo. Ya no tienen escapatoria burocrática posible: o identifican de inmediato al responsable de haber ordenado este atropello con pintura plástica, o asumirán que la negligencia y el desprecio al patrimonio cultural valenciano se han instalado de forma estructural en los despachos del consistorio. La Ceramo sigue muriéndose de asco, pero ahora, además, lo hace bajo los parches de plástico de un Ayuntamiento irresponsable y chapucero.
