La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este miércoles una durísima crítica contra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para desarrollar un modelo de financiación singular en dicha comunidad.
La APM (Asociación de Prensa de Madrid) ha sido el escenario escogido, en ella:
la presidenta de la asociación IHE, Ana de la Herrán, ha exigido la dimisión inmediata de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien acusan de dinamitar el sistema fiscal español y quebrar los principios de igualdad y solidaridad entre territorios consagrados en la Constitución.
La entidad ha tenido a bien atendernos a través de su gabinete de prensa quienes nos han facilitado también las imágenes de la comparecencia.
La asociación, que representa a los máximos responsables de la fiscalización tributaria del país, considera que el pacto es
“inconstitucional, insostenible y discriminatorio”
y alerta de que podría tener consecuencias irreparables para la Hacienda Pública y la cohesión territorial del Estado.
“Una amenaza gravísima al sistema fiscal”
Para los inspectores, el acuerdo representa una amenaza sin precedentes a los pilares básicos de la Hacienda española.
Entre sus principales objeciones se encuentra el hecho de que rompe con la unicidad del sistema de información fiscal, algo que consideran esencial para la lucha contra el fraude y para garantizar la equidad tributaria.
“Llevamos tiempo alertando sobre las consecuencias de una singularidad fiscal para Cataluña”, ha insistido De la Herrán.
“Si se fracciona la Agencia Tributaria, estaremos ante un desafío institucional y técnico de proporciones gravísimas, que afectará directamente a los ciudadanos con perjuicios irreversibles”.
Además, los inspectores consideran que existe una “incompetencia manifiesta” en la dirección del Ministerio de Hacienda, y reclaman que se paralice inmediatamente la aplicación de este acuerdo.
En caso contrario, advierten de un escenario de desigualdad estructural entre comunidades, pérdida de control sobre el fraude y caos operativo en la recaudación del IRPF.
Cataluña no puede gestionar el 100% del IRPF
Uno de los puntos más criticados del acuerdo es la previsión de que Cataluña gestione el 100% del IRPF a partir de 2026.
Según la IHE, esta posibilidad es “técnicamente inviable” porque no se podrían conciliar los datos entre las bases nacionales y las autonómicas, lo que afectaría directamente a la rapidez de las devoluciones, la calidad del servicio al contribuyente y la efectividad en la detección de irregularidades.
En 2022, Cataluña generó el 19,35% de los ingresos tributarios nacionales, lo que equivale a 49.434 millones de euros sobre un total estatal de 255.463 millones.
Para los inspectores, permitir una gestión diferenciada de esa magnitud sin una estructura sólida ni interoperabilidad entre sistemas sería irresponsable.
“Este modelo rompe con la caja única, la coordinación y el principio de gestión integrada”, subrayan desde la asociación.
Además, recalcan que: el documento se presentó sin que se hiciera público el informe del comité de expertos nombrado por el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo que consideran una falta de transparencia y un desprecio a los procedimientos técnicos y jurídicos.
Aquí la rueda de prensa íntegra
Riesgo de descontrol y lucha entre comunidades
Otra gran preocupación expresada por los inspectores es que este modelo, al implantarse en una sola comunidad, genera un privilegio fiscal que no podría extenderse al resto del Estado.
“El acuerdo crea autonomías de dos velocidades”, ha denunciado Antonio Morales, secretario de la IHE, quien además lamenta que el texto no aclare el futuro del personal de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña, dejando a cientos de funcionarios en una situación de incertidumbre.
Según Morales, la aplicación de este sistema en otras comunidades sería insostenible:
“Generaría una competencia fiscal desleal y una lucha constante entre territorios por captar recursos, lo que pondría en peligro la cohesión del Estado y la eficacia en la gestión de los tributos”.
“No es un tema técnico ni menor; es un ataque frontal al modelo fiscal español y al principio de unidad del Estado”, concluyen.
La asociación no descarta nuevas acciones si el Gobierno continúa adelante con la medida. Todo indica que la tensión entre los altos funcionarios de Hacienda y el Ejecutivo seguirá creciendo en las próximas semanas.
