Las fugas de presos durante su estancia en hospitales y clínicas se han triplicado en 2024, según datos del Ministerio del Interior.
Este preocupante incremento supone ya el 60% de todas las evasiones registradas en el último año.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la falta de medidas efectivas para frenar este problema, poniendo en peligro la seguridad de los agentes y la población.
AUGC lleva tiempo reclamando soluciones urgentes
Así pues, solicitan medidas de urgencia como la creación de zonas seguras en hospitales y juzgados con acceso restringido para los traslados de presos, evitando que estos movimientos se realicen en plena calle, donde el riesgo de fuga y agresiones es mayor.
Además, solicita la habilitación de dependencias de custodia adecuadas dentro de los centros hospitalarios, garantizando tanto la seguridad como la privacidad de los internos.
La principal medida que podría reducir drásticamente estos incidentes sería la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas, un mandato legal incumplido desde hace más de 21 años. Esta descentralización mejoraría la atención médica de los internos y minimizaría el número de traslados, reduciendo así las fugas y los riesgos de seguridad.
Los datos oficiales revelan que el 80% de las evasiones ocurren fuera de las prisiones, mayormente en hospitales y durante los traslados, donde la falta de personal y equipamiento es evidente.
En contraste, solo el 20% de las fugas se producen dentro de los centros penitenciarios, donde la seguridad es mayor.
Además, los intentos de fuga en hospitales han aumentado un 22% respecto a 2023, mientras que en las prisiones han disminuido un 36%.
Casos recientes
Casos recientes ilustran la gravedad del problema:
En un hospital de Santander, familiares de un preso rociaron gas pimienta a los agentes para facilitar su fuga, en Asturias, otro interno huyó con ayuda externa tras una consulta odontológica, y en Salamanca, un preso escapó mientras esperaba ser atendido en urgencias.
AUGC también exige:
- la actualización de los protocolos de conducción y custodia de presos
- la renovación de los vehículos de la Guardia Civil
- la dotación de mejores medios y formación específica para los agentes encargados de estos traslados.
La asociación ha trasladado estas demandas al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo y a diversos representantes políticos, reiterando su compromiso en la lucha por una mayor seguridad para los guardias civiles y la ciudadanía.