La entrada de buques militares marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo frente político y judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que el presidente reconociera lo sucedido y el Ejecutivo lo calificara de incidente puntual, la acusación popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue las maniobras de ambas armadas, las órdenes militares y las comunicaciones diplomáticas. El Partido Popular también reclama explicaciones y cuestiona que el Gobierno no informara anteriormente de lo ocurrido.

La crisis migratoria que afectó a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 continúa teniendo consecuencias políticas más de dos meses después. La confirmación de que buques de guerra marroquíes penetraron en aguas bajo soberanía española ha reabierto el debate sobre la actuación del Gobierno, la respuesta de las Fuerzas Armadas y las relaciones diplomáticas con Marruecos.
El episodio, revelado inicialmente por el diario El País, fue reconocido por Pedro Sánchez el pasado 12 de octubre, durante una conversación informal con periodistas en la recepción oficial del Día de la Fiesta Nacional.
Sin embargo, la controversia ha adquirido una nueva dimensión este miércoles 14 de octubre, después de que la acusación popular personada en la causa judicial sobre la crisis de Ceuta haya solicitado investigar específicamente la presencia de unidades militares marroquíes en aguas españolas.
Buques marroquíes entraron en aguas españolas durante la crisis migratoria
Según la información publicada por El País y posteriormente confirmada por el presidente del Gobierno, varios buques militares marroquíes entraron en aguas próximas a Ceuta durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

Aquellos días, la ciudad autónoma vivió una entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, en una crisis que provocó una extraordinaria presión sobre los servicios de seguridad, rescate y asistencia humanitaria.
La presencia de unidades de la Marina Real marroquí añadió un componente militar a una situación que ya era especialmente delicada.
Las informaciones publicadas apuntan a que las maniobras de las embarcaciones marroquíes y españolas llegaron a generar situaciones de tensión y riesgo de colisión.
La presencia de buques extranjeros en aguas españolas obligó a la Armada a adoptar medidas para reforzar la vigilancia marítima.
España desplegó el Rayo y las fragatas Santa María y Navarra
La respuesta militar española incluyó el despliegue de diferentes unidades navales.
Entre ellas se encontraba el buque de acción marítima Rayo, que llegó a Ceuta el 3 de agosto.
Posteriormente, el Ministerio de Defensa reforzó la zona con la fragata Santa María, que fue sustituida por la fragata Navarra debido a una avería.
La sucesión de estos movimientos militares refleja la importancia que adquirió la vigilancia de las aguas próximas a la ciudad autónoma después de la crisis migratoria.
No obstante, todavía no se han hecho públicos todos los detalles sobre las instrucciones operativas recibidas por las unidades españolas ni sobre las comunicaciones mantenidas con las autoridades militares marroquíes.
Sánchez reconoce la incursión, pero le resta gravedad
Pedro Sánchez confirmó el 12 de octubre que se habían producido entradas de buques marroquíes en aguas españolas.
El presidente reconoció que aquellos fueron días de especial tensión, aunque defendió que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países permitieron gestionar la situación.
También insistió en la importancia estratégica de mantener unas relaciones estables con Marruecos, especialmente en ámbitos como la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la cooperación fronteriza.
Sánchez evitó presentar el episodio como una confrontación militar entre ambos países y defendió la normalización progresiva de las relaciones bilaterales.
Sus explicaciones, sin embargo, no han satisfecho al Partido Popular, que considera insuficiente la información facilitada por el Ejecutivo.
El Gobierno asegura que fue un incidente puntual
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, abordó la controversia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 13 de octubre.
Saiz confirmó la entrada de buques militares marroquíes, pero sostuvo que el episodio se resolvió mediante el diálogo entre ambos países.
La ministra insistió en que las comunicaciones con Marruecos fueron fluidas y constantes durante aquellos días.
También defendió que el incidente no alteró el funcionamiento habitual de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.
La portavoz fue preguntada en varias ocasiones por los motivos por los que el Ejecutivo no había informado anteriormente sobre lo sucedido, especialmente durante la comparecencia parlamentaria de Sánchez del 3 de septiembre.
El Gobierno mantuvo que el episodio no había tenido la gravedad que ahora le atribuye la oposición.
Novedad del 14 de octubre: la acusación popular solicita una investigación judicial específica
La principal novedad conocida este miércoles es la iniciativa de Iustitia Europa, que coordina las acusaciones populares en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la crisis migratoria de Ceuta.
La organización ha presentado un escrito dirigido a la jueza María Tardón solicitando que se investigue expresamente la entrada de buques militares marroquíes en aguas españolas.
El Partido Popular también se ha sumado a la petición de diligencias.
La acusación pretende que se esclarezcan las circunstancias de la incursión y la actuación de las autoridades españolas. Para ello, reclama documentación de diferentes organismos militares y civiles.
Piden conservar los radares, las comunicaciones y las órdenes militares
Entre las diligencias solicitadas figuran los registros de radar, las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia marítima, las comunicaciones por radio y las instrucciones transmitidas a las unidades españolas.
La petición afecta al Estado Mayor de la Defensa, la Armada, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Capitanía Marítima de Ceuta.
También se solicita documentación sobre las comunicaciones diplomáticas mantenidas con Marruecos, los informes de inteligencia y los datos procedentes de los sistemas europeos de vigilancia fronteriza.
La acusación quiere determinar cuándo tuvieron conocimiento las autoridades españolas de la presencia de los buques, qué decisiones adoptaron y si existieron riesgos para la seguridad nacional.
El escrito menciona incluso el artículo 590 del Código Penal, relativo a determinadas actuaciones ilegales que pueden comprometer las relaciones con una potencia extranjera.
Esta referencia jurídica no significa que se haya acreditado la comisión de un delito ni que exista una imputación por estos hechos. Por ahora, se trata de diligencias solicitadas por la acusación popular, cuya práctica deberá decidir la autoridad judicial.
Feijóo exige explicaciones y acusa al Gobierno de ocultar información
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado sus críticas al Ejecutivo tras conocerse los detalles de la incursión.
El líder de la oposición considera que el Gobierno debería haber informado públicamente de lo sucedido y cuestiona que Sánchez no mencionara el episodio durante su comparecencia parlamentaria sobre la crisis migratoria.
Feijóo también ha defendido que España debía haber mostrado una respuesta militar más firme si Marruecos no retiraba sus unidades.
El dirigente popular sostiene que la cooperación con el país vecino debe mantenerse, pero sin renunciar a defender la soberanía española.
Además, ha reclamado que Sánchez dé explicaciones ante la Diputación Permanente del Congreso.
Tellado pide a Margarita Robles que se desmarque de Moncloa
La polémica ha sumado este miércoles una nueva intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado.
Tellado ha rechazado que la presencia de buques militares marroquíes pueda reducirse a un incidente menor y ha emplazado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a pronunciarse de manera diferenciada respecto a la explicación ofrecida por Moncloa.
El dirigente popular considera que la gravedad de los hechos exige una respuesta política más contundente.
Su intervención sitúa a Robles en el centro del debate, especialmente después de las discrepancias que mantuvo durante el verano con otros integrantes del Gobierno sobre los avisos de los servicios de inteligencia previos a la crisis de Ceuta.
Las preguntas que siguen sin respuesta
A fecha de 14 de octubre, todavía quedan aspectos relevantes pendientes de aclaración.
No se ha hecho pública una reconstrucción oficial completa de los movimientos de los buques marroquíes, las instrucciones recibidas por las unidades españolas ni el contenido de todas las comunicaciones militares y diplomáticas.
Tampoco se ha establecido públicamente si existió alguna relación operativa entre la incursión naval y la entrada masiva de migrantes.
La investigación solicitada podría contribuir a esclarecer estas cuestiones si la jueza acuerda practicar las diligencias propuestas.
El Gobierno mantiene que el episodio se resolvió mediante el diálogo y sin consecuencias mayores, mientras el Partido Popular y las acusaciones populares consideran que existen motivos suficientes para investigar lo ocurrido con mayor profundidad.
La controversia ha pasado así de una revelación periodística y un enfrentamiento político a una petición formal de investigación judicial, aunque todavía no consta que se hayan acordado las nuevas diligencias solicitadas.
















