El Síndic vuelve a reclamar medidas para el Molí dels Frares tras constatar actuaciones municipales pendientes
El Ayuntamiento de Valencia reconoce que sus técnicos de Patrimonio no han accedido al interior del inmueble protegido para comprobar el estado de la pintura mural del siglo XVII.
La resolución del Síndic recoge la denuncia de la asociación promotora, concluye que siguen pendientes actuaciones y obliga al Consistorio a responder en un mes si acepta la recomendación y qué medidas adoptará.
El Síndic ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Valencia que adopte todas las medidas necesarias para conservar el Molí dels Frares o de Santo Domingo y su pintura mural anónima del siglo XVII sobre la Batalla de Salses, incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. La resolución, firmada el 13 de octubre de 2026 en el expediente 2603959, concluye que siguen pendientes actuaciones municipales en cumplimiento de la recomendación formulada en 2021.
El pronunciamiento respalda la reclamación esencial del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural: las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento no han completado la comprobación y protección del inmueble y de su mural. No se trata, por tanto, de una simple discrepancia sobre prioridades administrativas, sino de una recomendación reiterada por una institución de garantías ante un Bien de Relevancia Local (BRL) cuyo interior sigue sin haber sido examinado por los servicios municipales de Patrimonio.
«Sin embargo, tal y como ha manifestado el autor de la queja en el escrito de alegaciones presentado ante esta institución, todavía quedan actuaciones pendientes de ejecución por parte del Ayuntamiento de Valencia».
Un bien protegido con un valor excepcional
El Molí dels Frares o de Santo Domingo se encuentra en la partida de Dalt, número 5, del barrio de Campanar. Está catalogado formalmente como Bien de Relevancia Local (BRL), con la categoría de Espacio Etnológico de Interés Local.
Su relevancia no se limita al edificio. En su interior se conserva una pintura mural anónima del siglo XVII, de cinco metros de ancho por 1,30 de alto, que recrea la Batalla de Salses de 1640, librada por las tropas de Felipe IV en la ciudad de Salses, en el Rosellón. La propia resolución recoge la calificación de la asociación de esta obra como una manifestación artística de extraordinario valor histórico y patrimonial.
La singularidad de la pieza convierte el estado de conservación del molino en una cuestión que trasciende el deterioro constructivo de un inmueble particular. La posible pérdida, desprendimiento o deterioro irreversible del mural afectaría a un testimonio histórico y artístico vinculado a la memoria de la ciudad y de la Comunitat Valenciana.
El origen de la queja: abandono y riesgo
La controversia se remonta al 2 de enero de 2021, cuando la asociación presentó la queja número 2100013 ante el Síndic de Greuges. Denunciaba una situación de grave abandono, riesgo de ruina y amenaza directa sobre el inmueble y sobre su pintura mural.
El 30 de abril de 2021, el Síndic dictó una resolución de recomendaciones. Según los antecedentes recogidos en la nueva resolución, entonces se constató que la última visita técnica al inmueble se había realizado el 25 de noviembre de 2019 y que no constaban actuaciones municipales posteriores. También se puso de manifiesto que el informe municipal remitido entonces no hacía ninguna referencia a la pintura mural situada en el interior del edificio.
Ante esa situación, el Síndic recomendó realizar una visita de inspección técnica urgente sobre el inmueble y, de forma específica, sobre la pintura mural del siglo XVII. Asimismo, pidió adoptar las medidas legales oportunas para garantizar el deber de conservación del BRL.
El compromiso municipal de 2021
El Ayuntamiento de Valencia comunicó formalmente al Síndic, el 28 de mayo de 2021, la aceptación expresa de la recomendación. Manifestó el compromiso de los servicios de Patrimonio Histórico y Artístico y de Disciplina Urbanística de llevar a cabo una visita de inspección técnica conjunta.
Sin embargo, según la asociación, no recibió posteriormente información que acreditase que aquella inspección conjunta se hubiera ejecutado efectivamente, ni que se hubieran adoptado medidas sancionadoras o de ejecución subsidiaria. Tras más de cinco años desde aquel compromiso, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural presentó el 5 de agosto de 2026 una nueva queja, la número 2603959, para exigir el cumplimiento de la resolución de 2021.
El Síndic admitió la queja a trámite el 11 de agosto de 2026 y requirió al Ayuntamiento que remitiera, en el plazo legal máximo de un mes, un detalle de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución de 30 de abril de 2021.
Inspecciones exteriores y archivo del procedimiento
El informe municipal fue registrado el 14 de septiembre de 2026. El Servicio de Disciplina Urbanística informó de que, en cumplimiento de la recomendación del Síndic, se realizó una nueva visita de inspección al inmueble para comprobar si habían aparecido nuevas patologías constructivas.
Según la documentación reproducida en la resolución, el informe de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación se refiere a una visita realizada el 8 de junio de 2021, en la que se observó que el edificio no presentaba daños relevantes que requirieran medidas precautorias y que el estado de conservación exterior era similar al de informes anteriores.
Posteriormente, se realizó otra visita el 19 de enero de 2022, con informe técnico de 16 de febrero de 2022. De nuevo, el documento municipal se refiere a una visita realizada exteriormente y concluye que no se apreciaban daños relevantes, manteniéndose un estado de conservación exterior similar al de la inspección de junio de 2021. El procedimiento se archivó el 20 de diciembre de 2022.
La cuestión central es que esas visitas, tal como aparecen descritas en el propio informe municipal, se centraron exclusivamente en el exterior del edificio. No equivalen, por tanto, a la inspección interior del inmueble y de la pintura mural que había recomendado el Síndic en 2021.
Patrimonio reconoce que no ha podido entrar
El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico fue más explícito. En relación con el estado de conservación de la pintura mural, reconoció que la falta de acceso había impedido, a la fecha de elaboración de su informe, que los técnicos municipales entraran en el edificio protegido.
El servicio alegó que se trata de una propiedad privada a la que no se puede acceder sin la previa autorización del propietario o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial. Al mismo tiempo, anunció que se iban a realizar las actuaciones oportunas para obtener el acceso legítimo al inmueble, con el fin de inspeccionarlo y constatar su estado.
Ese reconocimiento es decisivo: el Ayuntamiento admite que no ha podido comprobar directamente el estado interior del bien ni el de la pintura mural. La recomendación de 2021, en cambio, exigía precisamente comprobar la realidad actual del estado de conservación del inmueble y de la pintura, y adoptar después las medidas necesarias según el resultado de aquella inspección.
La propiedad privada no exime de protección
La titularidad privada de un bien catalogado plantea una cuestión jurídica delicada, pero no clausura la actuación pública. La Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, impone a propietarios y poseedores obligaciones de custodia y conservación, y encomienda a las administraciones públicas la protección de los valores del patrimonio cultural.
El acceso a un inmueble cerrado debe respetar las garantías legales correspondientes. Cuando resulte necesario, la Administración deberá obtener el consentimiento del titular o, en su defecto, tramitar la autorización judicial procedente. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común remite al artículo 100 para los supuestos en que las inspecciones requieran entrar en el domicilio o en otros lugares cuyo acceso exija el consentimiento de su titular.
Por ello, la crítica no consiste en negar la necesidad de respetar la propiedad privada. El problema es otro: la titularidad privada no puede convertirse en una excusa definitiva para dejar sin resolver, durante años, el acceso a un bien protegido cuya conservación es una obligación legal.
«Algunos políticos y políticas irresponsables estuvieron repitiendo durante años, cual mantra, en pasadas legislaturas, que cuando un bien era privado no podían hacer nada. Esta mentira ha calado tan profundamente en la realidad social que sigue siendo usada como excusa para no hacer nada y no actuar», aseguran desde la asociación denunciante.
En sus alegaciones, presentadas el 17 de septiembre de 2026, la asociación solicitó al Síndic que requiriera al Ayuntamiento documentación completa, fechada y verificable sobre las actuaciones practicadas desde diciembre de 2022. Pidió, entre otros extremos, que se identificaran los requerimientos dirigidos a la propiedad, las gestiones para obtener el acceso, la eventual solicitud de autorización judicial, las comunicaciones con la Conselleria competente y las medidas cautelares o de conservación valoradas o adoptadas.
Competencias compartidas, responsabilidades no diluidas
El informe municipal también sostuvo que, aunque el Ayuntamiento ejerce la disciplina urbanística y la catalogación del inmueble como BRL, la tutela general y la alta inspección del patrimonio histórico y cultural corresponden a la Conselleria competente en materia de cultura de la Generalitat Valenciana.
La distribución competencial es real, pero no elimina la responsabilidad municipal. El Ayuntamiento es quien ha catalogado el bien, quien ejerce la disciplina urbanística y quien aceptó en 2021 la recomendación de realizar una inspección técnica conjunta. La existencia de una competencia autonómica de tutela general no permite convertir la actuación local en una mera remisión a otra administración.
La asociación solicitó precisamente que se aclarara qué comunicaciones se habían remitido desde 2021 a la Conselleria, qué contestaciones se recibieron y qué actuaciones se desarrollaron después. Esa petición apunta a una cuestión esencial: si existe un riesgo para un bien protegido, la coordinación entre administraciones no puede sustituir a la adopción de medidas concretas.
La disputa sobre las «agendas particulares»
El informe municipal también abordó la relación entre la administración y la asociación denunciante. Sostuvo que el artículo 4 de la Ley 7/1985 (LBRL) otorga a las entidades locales una potestad de autoorganización, que les permite estructurar recursos, calendarizar inspecciones y priorizar expedientes conforme a criterios de eficiencia, racionalidad y legalidad técnica.
El Ayuntamiento añadió que respeta y promueve la participación ciudadana y la acción pública en materia de patrimonio, pero afirmó que las constantes y reiteradas peticiones del titular de la queja no pueden condicionar, interferir o dirigir el funcionamiento ordinario de los servicios técnicos. También aludió a la autonomía local y a la jurisprudencia sobre el derecho de petición para sostener que este se agota con la obtención de una respuesta razonada.
La asociación considera que esa argumentación confunde dos planos distintos y demuestra un desconocimiento preocupante y sonrojante de la Ley por parte de los responsables del consitorio que han emitido el informe al Síndic. La acción pública en materia de patrimonio cultural no consiste en pedir un favor administrativo ni en dirigir los servicios técnicos municipales. Consiste en la legitimación reconocida legalmente para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección del patrimonio cultural.
La Ley 4/1998 reconoce a todas las personas físicas y jurídicas legitimación para exigir el cumplimiento de la ley ante las administraciones públicas valencianas. Eso no significa que la ciudadanía pueda imponer calendarios, recursos o decisiones técnicas concretas; significa, sí, que puede reclamar que la Administración cumpla sus deberes legales de conservación y protección.
La resolución del Síndic
La resolución del Síndic reproduce el informe municipal y las alegaciones de la asociación. En sus conclusiones, reconoce que el Ayuntamiento ha detallado algunas de las actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución de 2021, pero concluye que todavía quedan actuaciones pendientes de ejecución.
Por ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento que, en cumplimiento de la resolución de 30 de abril de 2021, adopte todas las medidas necesarias para mantener en buen estado de conservación el Molí dels Frares o de Santo Domingo, así como la pintura mural anónima del siglo XVII sobre la Batalla de Salses. Ha constatado que la inspección y las medidas de conservación recomendadas en 2021 siguen incompletas..
Lo que está en juego
El Molí dels Frares no es un expediente administrativo más. Es un inmueble catalogado que alberga una pintura mural del siglo XVII vinculada a un episodio histórico relevante. Su protección exige comprobar directamente su estado, evaluar los riesgos reales y adoptar, si procede, las medidas técnicas y jurídicas necesarias.
La resolución del Síndic no cierra el caso: lo reabre institucionalmente. Recuerda al Ayuntamiento que una recomendación aceptada en 2021 no se cumple con visitas exteriores ni con el archivo de un procedimiento, sino con la comprobación efectiva del bien y con las medidas de conservación que esa comprobación exija.
La próxima respuesta municipal determinará si el Consistorio convierte aquella recomendación en actuaciones verificables o si mantiene una posición que, a juicio de la asociación promotora, ha dejado durante años sin examinar el interior de un bien protegido y sin conocer el estado real de una obra singular del siglo XVII.
