Continúa la investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe del 29 de octubre en Valencia
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana sigue desgranando detalles cruciales sobre las decisiones que se tomaron durante aquellas horas críticas. En su declaración ante la jueza instructora, la jefa del Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha revelado que a las 12:48 horas de ese día ya se movilizó a los bomberos forestales para realizar controles en varios puntos sensibles, entre ellos el barranco del Poyo, a la altura de los términos municipales de Torrent, Paiporta y Picanya.
Bomberos movilizados, pero sin claridad sobre su retirada
Según ha manifestado la responsable de Emergencias, los equipos fueron enviados al lugar para realizar mediciones y controles preventivos del caudal del barranco del Poyo, ante el riesgo de desbordamiento por las fuertes precipitaciones que ya se estaban registrando esa mañana. Sin embargo, la funcionaria ha reconocido ante la jueza que desconoce quién ordenó la retirada de los bomberos de la zona más tarde, ni en qué momento exacto se produjo esa retirada.
Este detalle es especialmente relevante en el marco de la instrucción judicial, que investiga posibles errores de coordinación y posibles negligencias durante la gestión de la emergencia que acabó con 224 víctimas mortales y graves daños materiales en la provincia de Valencia.
El barranco del Poyo, uno de los puntos críticos de la tragedia
El barranco del Poyo se convirtió aquel 29 de octubre en uno de los focos más delicados de la emergencia:
- Acumuló un caudal extraordinario por la intensidad de las lluvias torrenciales.
- Desbordó varios de sus tramos e inundó zonas urbanas de varios municipios del área metropolitana.
- Las avalanchas de agua atraparon a numerosos vehículos y provocaron parte de las muertes ocurridas.
Precisamente la vigilancia de este barranco ha sido objeto de especial atención en la instrucción, al considerarse que una intervención preventiva más temprana o mantenida podría haber evitado parte del desastre.
Interrogantes sobre la coordinación de los dispositivos de emergencia
La declaración de la jefa de Emergencias añade nuevas incógnitas sobre el grado de coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia que actuaron aquel día:
- ¿Quién tomó las decisiones clave en el centro de coordinación (CECOPI)?
- ¿Por qué se retiraron unidades de vigilancia de zonas de alto riesgo en pleno episodio de lluvias extremas?
- ¿Existió confusión entre los niveles autonómicos y estatales de gestión de la emergencia?
Las autoridades políticas han defendido desde el primer momento la dificultad de gestionar un episodio tan extremo e inédito, pero las familias de las víctimas reclaman depurar responsabilidades políticas y técnicas si se confirma que hubo fallos graves de previsión o reacción.
La gestión de la DANA, bajo fuerte presión política y judicial
Desde el inicio de la investigación judicial, varias comparecencias de responsables políticos y técnicos han ido aportando información fragmentaria sobre las horas previas al colapso. Las decisiones adoptadas durante la mañana y mediodía del 29 de octubre están siendo analizadas al detalle para esclarecer si hubo retardos en la declaración de emergencia, falta de liderazgo operativo o descoordinación en la activación de medios preventivos.
La DANA del 29O supuso una de las peores catástrofes climáticas vividas en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas, y ha generado una enorme presión pública y mediática sobre la Generalitat y los responsables de la gestión de emergencias.
Peticiones de un nuevo Plan Sur hidráulico
En paralelo a la investigación judicial, el Ayuntamiento de Valencia, encabezado por la alcaldesa María José Catalá, ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno central un nuevo Plan Sur hidráulico que mejore las infraestructuras de defensa ante avenidas fluviales extremas, precisamente para evitar colapsos como el del barranco del Poyo.
El actual debate político sobre la gestión de la DANA sigue abierto, con movilizaciones ciudadanas, investigaciones judiciales en curso y peticiones de mejora de la planificación territorial y de los sistemas de emergencia ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.
