El juzgado de Catarroja reclama las grabaciones de llamadas y alertas enviadas a los dependientes fallecidos durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024
Investigación sobre la gestión de la catástrofe
La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024 ha solicitado este martes documentación clave a distintas administraciones y organismos públicos. El objetivo es esclarecer qué medidas se adoptaron —o se dejaron de adoptar— para proteger a los 37 usuarios del servicio de teleasistencia que murieron durante las inundaciones.
En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha requerido a Les Corts, la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de València y la Diputación Provincial información detallada sobre cómo se gestionó el servicio de teleasistencia en esos días críticos.
Grabaciones, protocolos y órdenes
La instructora ha ordenado la entrega de:
- El listado de las 37 personas fallecidas que eran usuarias de teleasistencia.
- Las grabaciones de todas las llamadas entrantes y salientes con esos usuarios en los días 28 y 29 de octubre de 2024.
- Copia de los mensajes y alertas de precaución meteorológica que se les enviaron.
- Los protocolos de actuación establecidos para garantizar su seguridad.
- Las órdenes escritas remitidas a la empresa adjudicataria del servicio para la adopción de medidas preventivas.
También se ha solicitado a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de València copia de los expedientes de licitación del servicio de teleasistencia y detalles de las instrucciones dadas a la empresa concesionaria.
El papel de Aemet
La jueza, además, ha requerido a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un informe detallado sobre las consultas realizadas por la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales en los días previos a la DANA: quién las solicitó, quién respondió y qué previsiones se facilitaron.
Esta línea de investigación pretende determinar si la Generalitat fue informada con antelación suficiente y si trasladó esos datos de manera adecuada a la ciudadanía más vulnerable.
Una acusación que no se rinde
La decisión responde a una petición de la acusación popular ejercida por Acció Cultural, que había solicitado el pasado viernes que se investigara a fondo la gestión de la teleasistencia. La entidad subraya que en una respuesta parlamentaria la propia Conselleria de Igualdad reconoció que 37 usuarios dependientes fallecieron durante la DANA, todos ellos inscritos en este servicio que debía protegerlos.
Según esa respuesta, la empresa concesionaria incluyó en sus comunicaciones los avisos de alerta meteorológica emitidos por Aemet en los días previos. La jueza quiere ahora comprobar si esos avisos fueron efectivos o se quedaron en meros trámites administrativos.
Petición denegada
No obstante, la magistrada ha rechazado otra solicitud de la acusación, que pedía un informe técnico sobre el número de accesos realizados desde los ordenadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias a distintas webs meteorológicas (SAIH, Aemet, Avamet, Puertos del Estado, ECMWF, Windy) en las horas previas al desastre.
La jueza considera que esos datos no son determinantes, dado que las previsiones meteorológicas eran ya conocidas públicamente, tanto por las llamadas recibidas en el 112 como por la información difundida por los medios de comunicación.
Una causa con gran sensibilidad social
El caso de la DANA de 2024 sigue generando una enorme sensibilidad social en la Comunitat Valenciana, especialmente en la zona cero, donde más de 200 personas perdieron la vida. La investigación judicial trata de depurar responsabilidades y determinar si las instituciones actuaron con la rapidez y la diligencia necesarias para evitar la tragedia.
La solicitud de las grabaciones y protocolos sobre la teleasistencia marca un nuevo paso en la instrucción, que se centra en los más vulnerables: ancianos y personas dependientes que murieron solos en sus casas mientras el agua lo arrasaba todo.
