El juzgado de Catarroja reclama nueva información para esclarecer cuántas emergencias quedaron sin respuesta durante el temporal, tras una petición de Acció Cultural del País Valencià
El 112, en el punto de mira judicial
La gestión del servicio de Emergencias 112 durante la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 vuelve al centro de la investigación judicial. La jueza instructora del caso, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, ha solicitado a la Generalitat Valenciana nueva documentación relativa a las llamadas recibidas y, especialmente, a aquellas que no llegaron a ser atendidas.
Esta diligencia se realiza a petición de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, que considera fundamental esclarecer el número exacto de comunicaciones desatendidas durante las horas críticas del temporal. El objetivo es determinar si hubo colapso en el sistema de atención de emergencias y si esa posible saturación pudo tener consecuencias directas en la pérdida de vidas humanas o en la gravedad de los daños.
¿Cuántas llamadas quedaron sin respuesta?
El 29-O fue un día marcado por lluvias torrenciales, calles anegadas y una sensación generalizada de caos. Las imágenes de vehículos arrastrados por el agua, casas inundadas y personas atrapadas en sus domicilios recorrieron todos los medios. En ese contexto, el servicio 112 se convirtió en la única vía de auxilio para miles de personas.
Según algunos testimonios ya incorporados a la causa, como el de una operadora del 112, hubo momentos en los que era “imposible” atender todas las llamadas. “Me sentí sola. Las llamadas no paraban y no dábamos abasto”, declaró recientemente ante la jueza.
Con esta nueva solicitud de información, el juzgado quiere verificar si se activaron los protocolos adecuados de refuerzo, qué medidas se tomaron para evitar la saturación del sistema y cuántas llamadas fueron rechazadas o quedaron en espera indefinida.
Una pieza clave en la investigación judicial
La información solicitada podría resultar clave para evaluar la responsabilidad institucional en la tragedia. Hasta ahora, la investigación ha estado centrada en determinar si hubo negligencia en la previsión meteorológica, la comunicación entre administraciones y la activación de recursos.
Sin embargo, la dimensión operativa del 112 —es decir, su capacidad real de respuesta en tiempo real— se perfila como uno de los puntos más sensibles del proceso. Un fallo sistemático en la atención de llamadas podría abrir la puerta a nuevas imputaciones por omisión de auxilio o mala praxis administrativa.
Reacciones desde la sociedad civil
Desde la Associació Víctimes Dana 29-O, que representa a 21 familias de fallecidos, se ha celebrado esta nueva medida judicial. “Es una buena noticia. Queremos saber cuántas personas pidieron ayuda y no la recibieron. Cada llamada no respondida pudo ser una vida perdida”, han afirmado.
Por su parte, Acció Cultural del País Valencià ha insistido en que su intervención como acusación popular busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. “No es una caza de brujas. Es justicia”, han declarado.
¿Y la Generalitat?
La Conselleria de Justicia, responsable del servicio 112, ha evitado por el momento hacer declaraciones sobre la nueva solicitud de la jueza. Sin embargo, fuentes internas aseguran que se entregarán todos los datos requeridos y que el sistema “funcionó dentro de los márgenes de una situación extrema”.
Aun así, la presión política y social sobre el Consell es creciente. La gestión de la DANA se ha convertido en un tema central en Les Corts, en los medios y en la calle. Y el 112 está ahora en el epicentro de esa tormenta judicial.
¿Estamos preparados para la próxima emergencia?
La instrucción judicial no solo busca responsables. También lanza una pregunta incómoda: ¿podría volver a ocurrir? ¿Está el sistema de emergencias valenciano preparado para responder a una nueva catástrofe?
Expertos en protección civil y técnicos del 112 advierten de que el sistema necesita más inversión, personal especializado y protocolos de refuerzo automatizados. La digitalización y el análisis predictivo pueden ser claves para anticiparse al colapso en futuras crisis.
Conclusión: cada llamada cuenta
La decisión de la jueza de Catarroja abre un capítulo fundamental en la investigación de la DANA del 29 de octubre. Las llamadas al 112 son, en muchos casos, la última esperanza de una persona en peligro. Saber cuántas no fueron atendidas no es solo una cuestión técnica: es una cuestión humana y ética.
¿Llegaremos a saber toda la verdad sobre lo que ocurrió esa noche? ¿Y qué cambios se aplicarán para que no vuelva a pasar?