El 22 de junio de 1981 el Congreso aprobó una de las leyes más importantes de la Transición democrática. La norma devolvió a los españoles el derecho al divorcio, eliminó el monopolio de los tribunales eclesiásticos sobre la ruptura matrimonial y abrió la puerta a una profunda transformación social. Desde entonces, cerca de 2,7 millones de parejas han recurrido a este derecho en España.

El divorcio volvió tras décadas de prohibición

Aunque muchos lo desconocen, el divorcio no fue una novedad absoluta en España en 1981. Ya había sido legalizado durante la Segunda República mediante la Ley del Divorcio de 1932.

Sin embargo, tras la Guerra Civil, el régimen franquista derogó aquella normativa y volvió a imponer la indisolubilidad del matrimonio, alineándose con la doctrina de la Iglesia católica.

Durante casi cuatro décadas, las parejas que querían poner fin a su relación apenas tenían alternativas. La nulidad matrimonial dependía de tribunales eclesiásticos y los procedimientos civiles estaban fuertemente condicionados por criterios religiosos.

Una sociedad que estaba cambiando

A finales de los años setenta, España vivía una profunda transformación social y política.

La llegada de la democracia había abierto el debate sobre derechos y libertades que durante décadas habían permanecido restringidos. Entre ellos figuraba el derecho a terminar legalmente un matrimonio que ya no funcionaba.

La demanda social era creciente. Miles de parejas vivían separadas de hecho, pero seguían casadas legalmente, lo que generaba problemas patrimoniales, familiares y personales.

Una votación histórica en el Congreso

El 22 de junio de 1981 el Congreso de los Diputados aprobó finalmente la Ley del Divorcio.

La norma salió adelante con:

• 162 votos a favor.
• 128 votos en contra.
• 7 votos en blanco.

La aprobación no fue sencilla. La cuestión dividió profundamente a la sociedad española y también al partido gobernante, la Unión de Centro Democrático (UCD).

De hecho, una treintena de diputados centristas rompieron la disciplina de voto de su formación y apoyaron la ley junto a socialistas y comunistas.

Francisco Fernández Ordóñez, figura clave

Uno de los principales impulsores de la norma fue el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez.

Durante el debate parlamentario pronunció una frase que pasó a la historia:

«No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos».

Aquella idea resumía el espíritu de una ley que pretendía ofrecer una solución jurídica a una realidad que ya existía en la sociedad.

La oposición de la Iglesia

La Conferencia Episcopal Española se posicionó claramente en contra de la ley.

Los sectores más conservadores consideraban que la aprobación del divorcio suponía una amenaza para la institución familiar y para los valores tradicionales.

Algunos representantes eclesiásticos llegaron a calificar la norma como una «puerta abierta a la generación del mal».

Las críticas fueron especialmente intensas durante los meses previos a la votación parlamentaria.

El papel del movimiento feminista

Las organizaciones feministas desempeñaron un papel fundamental para impulsar el cambio legislativo.

Muchas mujeres se encontraban atrapadas en matrimonios imposibles de romper legalmente y sin herramientas jurídicas para reconstruir sus vidas.

La histórica abogada Paca Sauquillo ha destacado en numerosas ocasiones la presión ejercida por el movimiento feminista para lograr la aprobación de la ley.

Aquella reivindicación formaba parte de una lucha más amplia por la igualdad jurídica y la autonomía personal de las mujeres en la España democrática.

Los abogados también reclamaban el cambio

Los profesionales del derecho llevaban años denunciando las dificultades que sufrían las familias atrapadas en situaciones matrimoniales insostenibles.

Los abogados especializados en derecho de familia observaban cómo muchas parejas vivían auténticos dramas personales sin una solución legal adecuada.

La nueva ley permitió desarrollar una rama jurídica que apenas existía hasta entonces en España: el derecho de familia moderno.

Un divorcio con condiciones

La ley de 1981 supuso un avance enorme, pero todavía mantenía importantes limitaciones.

Para obtener el divorcio era necesario:

• Alegar una causa concreta.
• Haber pasado previamente por una separación legal.
• Cumplir determinados plazos establecidos por la ley.

Las causas admitidas incluían situaciones como:

• Infidelidad.
• Abandono del hogar.
• Alcoholismo.
• Incumplimiento de deberes familiares.

Por tanto, aún no existía el divorcio libre tal y como se entiende actualmente.

La primera pareja divorciada

Aunque la ley entró en vigor en agosto de 1981, el primer divorcio oficial no llegó hasta el 7 de septiembre.

Los protagonistas fueron Julia Ivars y Vidal Gutiérrez, una pareja de Santander que se convirtió en la primera en divorciarse legalmente en España tras la recuperación de este derecho.

El «divorcio exprés» llegó en 2005

La gran transformación definitiva llegó veinticuatro años después.

En 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una reforma que eliminó la obligación de justificar la ruptura matrimonial.

Desde entonces basta con que una de las partes quiera divorciarse para iniciar el procedimiento.

Aquella modificación popularizó el concepto de «divorcio exprés» y simplificó enormemente los trámites.

Más de 2,7 millones de divorcios

Las cifras reflejan la magnitud del cambio social experimentado en España.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 1981 se han producido alrededor de 2,7 millones de divorcios.

Lejos de destruir la institución familiar, como pronosticaban algunos sectores en aquella época, la ley permitió regular situaciones que ya existían y ofrecer mayor seguridad jurídica a millones de ciudadanos.

Una de las leyes más trascendentes de la Transición

Cuarenta y cinco años después, la Ley del Divorcio de 1981 sigue siendo considerada por muchos historiadores y juristas como una de las normas más relevantes de la Transición española.

No solo devolvió un derecho que había sido eliminado durante la dictadura, sino que simbolizó la separación progresiva entre el Estado y la influencia directa de la Iglesia en la vida civil de los ciudadanos.

Aquella votación de junio de 1981 marcó un antes y un después en la historia social de España y abrió el camino a nuevas reformas relacionadas con la libertad individual, la igualdad y los derechos civiles.