Crónica de un alumno condenado a entender a 600 millones de personas
La situación es dramática. Miles de estudiantes valencianos siguen sufriendo cada día una terrible condena: salir del colegio siendo capaces de comunicarse con más de 600 millones de personas en todo el mundo.
Ante semejante catástrofe, algunos sindicatos educativos parecen haber encontrado la solución definitiva: más valenciano, más inmersión, más imposición y menos libertad de elección. Porque, al parecer, el verdadero problema de la educación valenciana no son las ratios, la burocracia, la falta de recursos o los resultados académicos. No. El gran desafío del siglo XXI es asegurarse de que un niño de Requena, Orihuela o Torrevieja no corra el riesgo de escuchar demasiado castellano.
La propuesta tiene lógica. Si un idioma es útil internacionalmente, se habla en cuatro continentes y abre puertas laborales, lo razonable es reducir su presencia. Es puro sentido común pedagógico.
Mientras medio planeta intenta que sus hijos aprendan inglés, chino o español para mejorar sus oportunidades, aquí algunos iluminados siguen empeñados en convertir la lengua vehicular en un campo de batalla ideológico.
La obsesión llega a tal punto que cualquier intento de permitir que las familias elijan es presentado poco menos que como el fin de la civilización occidental. Curiosamente, los mismos que defienden la diversidad para casi todo consideran una amenaza intolerable que unos padres puedan decidir en qué lengua quieren que estudien sus hijos.
La paradoja es maravillosa.
Dicen defender el valenciano, pero muchas veces terminan generando el efecto contrario: convertir una lengua que forma parte del patrimonio cultural valenciano en un motivo de enfrentamiento político. Porque una cosa es proteger una lengua y otra muy distinta utilizarla como ariete ideológico.
Los datos muestran que el debate sigue muy vivo en la Comunitat Valenciana. Mientras algunos colectivos reclaman más inmersión lingüística, la Generalitat ha impulsado consultas a las familias sobre la lengua base de enseñanza y los tribunales han avalado la legalidad de ese modelo de elección.
Pero quizá la solución sea todavía más ambiciosa.
¿Por qué detenerse en la escuela?
Podríamos crear inspectores lingüísticos en las cafeterías. Establecer multas por pedir una barra de pan en castellano. Instalar drones sobre los patios para detectar conversaciones sospechosamente bilingües. Incluso otorgar puntos extra en la declaración de la renta a quienes sueñen exclusivamente en valenciano.
Todo sea por salvar la lengua.
Aunque, mientras tanto, los alumnos sigan suspendiendo matemáticas, leyendo menos y saliendo del sistema educativo sin dominar correctamente ni una lengua ni otra.
Porque al final el objetivo nunca debería ser fabricar valencianohablantes o castellanohablantes.
El objetivo debería ser fabricar ciudadanos cultos.
Y eso, curiosamente, suele empezar por algo muy sencillo: la libertad.
