La organización agraria denuncia ante la AICA y la Conselleria de Agricultura que estas promociones banalizan el valor de los cítricos y solicita inspecciones inmediatas para verificar si se respeta la Ley de la Cadena Alimentaria.
VALÉNCIA, 17 de noviembre de 2026.— La Unió Llauradora i Ramadera ha exigido a las cadenas de distribución Aldi y Lidl la retirada inmediata de las promociones que ofrecen naranjas a 0,95 euros el kilogramo durante esta semana. La organización agraria considera que estas campañas banalizan el valor de la producción citrícola y agravan la presión a la baja sobre los precios que perciben los agricultores en el campo.
Ante esta situación, LA UNIÓ ha presentado una solicitud formal de investigación ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura. El objetivo es que ambas administraciones, en el marco de sus respectivas competencias, comprueben las condiciones de compra, los precios efectivamente abonados y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en todos los eslabones comerciales.
Coincidencia en los reclamos comerciales
Las ofertas denunciadas coinciden exactamente en el precio final de venta al público (0,95 €/kg) con descuentos agresivos sobre el precio habitual:
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Aldi: Anuncia naranjas de la variedad Navelina, categoría I y origen España, en envases de cuatro kilogramos con una rebaja del 21%.
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Lidl: Oferta naranjas de categoría I y origen España en mallas de dos kilogramos con un descuento del 36%.
Para la entidad agraria, la simultaneidad de estas campañas hace urgente una respuesta inspectora que esclarezca cómo se ha formado el precio y quién asume realmente el coste de las rebajas. Advierten, además, de que utilizar la naranja como producto reclamo establece una referencia artificialmente baja en el mercado que debilita la capacidad negociadora de productores y comercializadores.
«Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas«, ha declarado el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris.
Costes de producción al alza
La organización sustenta su denuncia en la evolución de los costes de cultivo. Según las referencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para la campaña 2019/20, producir naranjas en la Comunitat Valenciana costaba 6.004 euros por hectárea sin recolección y 8.935 euros incluyéndola, sin contar gastos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de capitales propios. Actualizadas conforme al IPC general, estas cifras se sitúan actualmente en torno a los 7.690 euros y 11.440 euros por hectárea, respectivamente.
A estos importes en campo deben sumarse los costes de transporte, selección, manipulación, envasado, distribución y mermas hasta el lineal del supermercado. Por ello, LA UNIÓ reclama reconstruir documentalmente toda la cadena de valor —revisando contratos, facturas, liquidaciones, justificantes de pago y aportaciones promocionales— para determinar si la remuneración en origen cubre los costes efectivos de explotación.
Vigilancia de oficio y cumplimiento legal
LA UNIÓ recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que cada operador pague al anterior un precio superior al coste de producción y prohíbe trasladar hacia atrás el riesgo empresarial de las políticas comerciales de la gran distribución, incluidas las promociones vinculadas a aplicaciones móviles o programas de fidelización.
«Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan», ha subrayado Peris.
Finalmente, la organización reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat la elaboración de estudios periódicos de costes por variedades y sistemas productivos, así como la activación de controles de oficio. Según la entidad, depender únicamente de las denuncias individuales de los agricultores resulta insuficiente por el temor de estos a perder compradores.
«Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias», ha concluido el dirigente agrario.
















