Denuncian abandono institucional y falta de ayudas económicas mientras el proceso judicial se reabre en los juzgados de Vinaròs

Han pasado ya cuatro años desde que la urbanización Font Nova de Peñíscola (Castellón) se convirtiera en escenario de una tragedia que todavía pesa sobre decenas de familias. El 26 de agosto de 2021, el edificio se vino abajo de forma repentina tras la aparición de grietas que, en cuestión de minutos, dieron paso a un colapso estructural. El derrumbe segó la vida de una mujer de 54 años y de su hijo de 14, mientras otra persona logró ser rescatada con vida entre los escombros.

En total, 18 de los 55 apartamentos quedaron destruidos y medio centenar de familias tuvieron que ser reubicadas de manera urgente. Desde entonces, los vecinos han vivido entre la incertidumbre, la impotencia y la sensación de abandono.

Un proceso judicial que avanza con lentitud

Hasta la fecha, no existe ninguna responsabilidad judicial firme. Durante años, el caso estuvo prácticamente paralizado, sin que se esclarecieran las causas exactas ni se determinaran culpables. Solo ahora, cuatro años después, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha decidido reabrir la investigación.

El tribunal ha aceptado estudiar si existieron advertencias previas ignoradas sobre el estado del inmueble y si hubo negligencia por parte de técnicos, promotores o autoridades municipales que otorgaron la licencia de construcción.

La reapertura también incluye la revisión del visado del proyecto arquitectónico y la investigación sobre la calidad de los materiales empleados. Un informe independiente solicitado por los vecinos concluyó que se utilizaron componentes de baja calidad y que el edificio no se ajustaba de manera fiel al proyecto original.

Viviendas destrozadas y vandalizadas

El drama no solo se mide en pérdidas humanas. Hace apenas dos meses, los vecinos pudieron acceder por primera vez a los apartamentos, muchos de ellos reducidos a escombros. Lo que encontraron fue desolador: viviendas destrozadas, pertenencias desaparecidas y algunos pisos incluso vandalizados tras años de abandono.

A día de hoy, ninguna de las familias ha recibido compensaciones económicas ni de aseguradoras ni de instituciones públicas. “Nos hemos sentido solos todo este tiempo, como si nuestras vidas no importaran”, denuncian los afectados.

La voz de las familias

Los propietarios y supervivientes de Font Nova reclaman con fuerza que se depuren responsabilidades. Señalan a los constructores por utilizar materiales deficientes y a las administraciones que concedieron permisos sin garantizar la seguridad.

“Queremos justicia, pero también dignidad. No es solo por nosotros, sino por la memoria de las dos víctimas que murieron aquella noche”, recuerdan.

Además, insisten en que la falta de respuestas ha supuesto un castigo añadido: años de pleitos, pérdida de patrimonio y un daño emocional irreparable. “Lo hemos perdido todo: nuestras casas, nuestra tranquilidad y, algunos, a nuestros seres queridos”, afirman.

Una herida que sigue abierta en Peñíscola

El derrumbe de Font Nova marcó un antes y un después en la localidad costera. Fue un recordatorio brutal de la importancia de la seguridad estructural en la construcción y del deber de vigilancia de las instituciones públicas.

Cuatro años después, la herida sigue abierta. Los vecinos mantienen la esperanza en que la justicia reabra un camino de reparación y que, al menos, se reconozca oficialmente que el desastre no fue una simple fatalidad, sino la consecuencia de posibles negligencias que no pueden repetirse.