Las víctimas de la dana piden al TSJCV investigar a Mazón y no aplicar su aforamiento
Las asociaciones mayoritarias apoyan la exposición razonada de la jueza de Catarroja y sostienen que el expresident debe responder por su actuación del 29 de octubre de 2024
El frente judicial por la gestión de la dana da un nuevo paso. Las asociaciones mayoritarias de víctimas han pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue a Carlos Mazón y que no utilice como escudo su actual condición de diputado autonómico, al considerar que los hechos se refieren a su etapa como president de la Generalitat.
Redacción | 9 de marzo de 2026 – 13:55 | Actualizado: 9 de marzo de 2026 – 19:11
Las víctimas respaldan la petición de la jueza de Catarroja
Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han cerrado filas en torno a la exposición razonada elevada por la jueza instructora de Catarroja, que aprecia indicios para investigar a Carlos Mazón por su actuación durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024. A su juicio, existen elementos suficientes para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana asuma la causa respecto al expresident.
La posición de estas entidades llega en un momento procesal decisivo, ya que concluye el plazo otorgado a acusaciones, defensas y Fiscalía para pronunciarse sobre la solicitud de la instructora. Varias acusaciones ya habían presentado escritos en la misma dirección, reclamando que se abra la investigación.
La clave jurídica: investigar a Mazón por su etapa como president, no por su escaño actual
Uno de los puntos centrales de los escritos presentados por las víctimas es la discusión sobre el aforamiento. La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024 sostiene que no se pretende investigar a Mazón por su actual condición de diputado en Les Corts, sino por su comportamiento cuando ostentaba la Presidencia de la Generalitat.
En consecuencia, las víctimas piden al TSJCV que interprete de forma restrictiva esa prerrogativa y no la convierta en un blindaje automático. Su tesis es que el aforamiento que conserva hoy deriva de su acta parlamentaria por Alicante, mientras que los hechos investigados se relacionan con decisiones u omisiones supuestamente cometidas durante una etapa institucional ya concluida.
Las asociaciones creen que la exposición razonada no deja margen
Las entidades personadas consideran que la resolución remitida por la jueza al alto tribunal valenciano describe con suficiente claridad una posible responsabilidad penal del expresident. En su interpretación, la exposición razonada sitúa el foco en la presunta inactividad, la falta de coordinación y la ausencia de decisiones clave durante las horas más críticas de la emergencia.
Para las víctimas, no se trata de una discusión política, sino de depurar judicialmente si hubo una dejación grave de funciones en un episodio extremo que había sido advertido con antelación y que terminó con consecuencias humanas devastadoras.
El precedente que invocan las víctimas para limitar el aforamiento
En sus escritos, la asociación mayoritaria recuerda un pronunciamiento reciente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que se rechazó aplicar el aforamiento por una adquisición sobrevenida. Esa referencia se utiliza como apoyo para defender que el privilegio procesal no debe extenderse de forma automática cuando los hechos no guardan relación con el cargo actualmente desempeñado.
La tesis de fondo es clara: el aforamiento es una excepción y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva. Según esta visión, no cabe desplazar al juez ordinario predeterminado por la ley si el supuesto delito no está conectado con la función parlamentaria que hoy ejerce Mazón.
SOS Desaparecidos también pide que se le impute
A esta posición se ha sumado también SOS Desaparecidos, que actúa en representación de familias de víctimas mortales de la dana. Su escrito solicita igualmente que el TSJCV investigue al expresident por una presunta negligencia grave en la gestión de la emergencia.
Esta acusación sostiene que la legislación autonómica atribuía al entonces president la capacidad de declarar la emergencia catastrófica y asumir el mando único de la respuesta. Sin embargo, considera que esa competencia no se ejerció de forma efectiva pese a la dimensión de la tragedia y a la necesidad de una coordinación inmediata de todos los recursos disponibles.
Las decisiones que centran la acusación
Entre los reproches que formulan las acusaciones figura la ausencia de decisiones estratégicas durante las horas críticas. Las asociaciones subrayan que no se centralizó el mando operativo, que hubo retrasos en medidas esenciales y que la respuesta institucional quedó fragmentada en un momento en el que la población necesitaba instrucciones claras y rápidas.
También se pone el foco en el contexto del envío del sistema Es-Alert, que llegó a la población a las 20:11 horas, cuando muchas de las víctimas ya habían quedado atrapadas por la riada. Para los colectivos personados, esa secuencia temporal forma parte de las omisiones que deben ser analizadas judicialmente.
La comida privada y la llegada tardía al centro de coordinación, bajo la lupa
Otro de los elementos destacados en los escritos es la ausencia de Mazón en reuniones clave de coordinación durante la fase más grave de la emergencia. Las acusaciones recuerdan que se encontraba en una comida privada mientras se desarrollaban los acontecimientos y que, según la reconstrucción aportada a la causa, llegó tarde al centro de coordinación, cuando la alerta a la población ya había sido enviada.
Ese dato resulta especialmente sensible para las asociaciones, que entienden que el máximo responsable del Consell no podía limitarse a una presencia institucional o representativa, sino que debía asumir la dirección política y operativa que correspondía a la magnitud de la crisis.
“No murieron por la dana, sino por una gestión negligente”, sostienen las víctimas
El tono de los escritos registrados ante el TSJCV es especialmente duro. La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024 sostiene que muchas de las personas a las que representa murieron antes de que sonara el mensaje de alerta en los móviles y concluye que no fallecieron solo por un fenómeno meteorológico extremo, sino por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática.
Para las familias, la causa debe determinar si hubo una dejación abrumadora de funciones en la coordinación y adopción de medidas de protección a la ciudadanía. A su entender, esa posible omisión de deberes no puede quedar diluida en el debate político ni frenada por una interpretación expansiva del aforamiento.
Qué pide exactamente la acusación al TSJCV
Las asociaciones solicitan al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se declare competente para investigar a Mazón, que incoe causa penal contra él por homicidio y lesiones por imprudencia grave y que lo cite en calidad de investigado. Algunas de ellas piden además poder personarse como acusación particular si el tribunal abre finalmente una pieza separada.
El movimiento de las víctimas aumenta la presión judicial y política sobre el expresident en una de las causas más delicadas abiertas en la Comunitat Valenciana. La decisión del TSJCV sobre si asume o no la investigación marcará el siguiente gran hito del procedimiento.
Un caso con enorme carga jurídica y política
La discusión sobre el aforamiento no es un simple tecnicismo. Del criterio que adopte el tribunal dependerá no solo quién investiga a Mazón, sino también el alcance simbólico y jurídico de una causa que afecta a la gestión de una de las mayores tragedias recientes en territorio valenciano.
Las víctimas han dejado clara su posición: entienden que la investigación debe centrarse en lo ocurrido cuando Mazón era president y que ninguna protección sobrevenida debería impedir que un juez analice si existió responsabilidad penal en la gestión de la dana.
