La manifestación en Llíria (Valencia) tuvo lugar el sábado 8 de noviembre de 2025, fue un evento multitudinario organizado por la Asociación Ciudadana Camp de Túria y La Serranía, con el apoyo de municipios vecinos como Casinos y Domeño. Bajo el lema «No a la macroplanta de biometà», centenares de personas (estimaciones varían entre 500 y más de 1.000 participantes) recorrieron las calles de Llíria para protestar contra la instalación de una macroplanta de biometano en el término municipal. Esta acción se enmarca en una ola de movilizaciones similares en España contra proyectos de este tipo, impulsados por supuestas preocupaciones ambientales y de salud pública.
Contexto del proyecto de la planta
La planta de biometano, promovida por la plataforma colaborativa The Green Vector (impulsada por Enagás Renovable y Genia Bioenergy), se presenta como un avance en la transición energética. Según sus defensores, gestionará hasta 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos (provenientes de agricultura, ganadería e industria local), produciendo biometano para inyectar en la red de gas natural y 137.500 toneladas de digerido (un fertilizante orgánico). El Ayuntamiento de Llíria, liderado por el alcalde Joanma Miguel, la avala como un paso hacia la descarbonización y la economía circular, alineado con la Ruta Valenciana del Biogás de la Generalitat Valenciana. El proyecto ha obtenido permisos como la Declaración de Interés Comunitario y la Autorización Ambiental Integrada, y se ubica en un terreno del municipio, a unos 2-3 km del núcleo urbano de Casinos (aunque técnicamente en Llíria).
Sin embargo, los opositores argumentan que no se trata de un modelo sostenible local: la capacidad de la planta excede los residuos generados en la comarca (por ejemplo, Llíria produce solo 34.000 toneladas, Casinos 12.000 y Domeño 400), lo que obligaría a importar basura de otras zonas, incrementando el tráfico pesado en la CV-35 y convirtiendo la zona en un «vertedero».
Motivos de la oposición
Los vecinos y alcaldes de municipios afectados destacan varios riesgos:
- Salud y olores: Posibles emisiones de gases nocivos, irritaciones respiratorias y vómitos, como en la planta de Noez (Toledo), donde se reportan olores insoportables. Se denuncia la falta de estudios de dispersión de olores.
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Contaminación ambiental: El terreno es permeable, con riesgo de filtraciones a acuíferos y suelos. Hasta un 30% de plantas similares en Europa han tenido escapes de gases.
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Falta de participación: Municipios como Casinos y Domeño no fueron consultados ni considerados «afectados», pese a la proximidad. No hubo alegaciones públicas ni informes hidrogeológicos compartidos.
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Impacto socioeconómico: No generará empleo significativo ni beneficios locales, pero podría desvalorizar viviendas y afectar el turismo rural. «No traerá dinero, pero sí contaminación y olores», resume el alcalde de Casinos, Miguel Navarré.
El manifiesto leído en la manifestación enfatizó: «No somos un trámite administrativo, somos personas, familias, vecinos», y exigió paralizar la licencia de obras y reubicar el proyecto lejos de zonas habitadas.
Detalles de la manifestación
- Fecha y recorrido: El 8 de noviembre a las 12:00 h, partió de la Horta del Seminari y recorrió el centro de Llíria, concluyendo con lecturas de manifiestos.
- Participantes: Vecinos de Llíria, Casinos, Domeño y urbanizaciones cercanas. Incluyó autobuses gratuitos organizados por Casinos para facilitar la asistencia.
- Ambiente: Pacífica y familiar, con pancartas como «Stop planta de biometano» y consignas contra la «muerte de nuestros pueblos». Fue calificada como la manifestación más numerosa en la historia reciente de Llíria.
Reacciones y próximos pasos
- Apoyo institucional: El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, anunció acciones judiciales y pidió a la Mancomunitat del Camp de Túria que defienda los intereses locales. La Generalitat ha avalado el proyecto, pero la oposición exige una moratoria.
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Contexto nacional: Esta protesta se suma a más de 70 plataformas en España (en Lugo, Jaén, Segovia o Castilla-La Mancha) contra plantas similares, impulsadas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé 700 instalaciones para 2030. Críticas comunes: vacío legal, olores y especulación.
La movilización parece haber ganado terreno, con llamadas a más acciones. Si el proyecto avanza, podría enfrentar recursos contencioso-administrativos.
