La tensión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes sigue aumentando a pocos días del inicio de la huelga indefinida convocada para el 11 de mayo en la Comunitat Valenciana.
Las organizaciones sindicales han rechazado la última propuesta presentada por la Conselleria dirigida por Carmen Ortí, que plantea mantener servicios mínimos del 100% para el profesorado de segundo de Bachillerato durante la jornada de evaluación de los alumnos que se preparan para la PAU.
Los representantes sindicales consideran que la medida sigue siendo “abusiva” y advierten de que podría vulnerar el derecho fundamental de huelga.
Los sindicatos hablan de “paripé” y denuncian bloqueo
Tras la reunión mantenida en Valencia, sindicatos como:
- STEPV
- CCOO
- UGT
- CSIF
criticaron duramente la propuesta de la administración.
Marc Candela, representante del STEPV, calificó la negociación como un “paripé” y aseguró que los servicios mínimos planteados impedirían a muchos docentes participar realmente en la huelga.
Según los sindicatos, aunque la Conselleria haya limitado el 100% de servicios mínimos únicamente al día de la evaluación, la preparación previa también obligaría al profesorado a seguir trabajando.
Amenaza de judicialización
Las organizaciones sindicales ya han advertido de posibles acciones legales.
Desde CCOO, Xelo Valls afirmó que la medida:
“Conculca el derecho de huelga”.
Los sindicatos sostienen que los servicios mínimos deben limitarse únicamente a garantizar funciones básicas de “guarda y custodia”, pero no pueden utilizarse para mantener el funcionamiento ordinario de la actividad educativa.
Si no hay acuerdo, estudian:
- Solicitar arbitraje externo
- Acudir a los tribunales
- Impugnar judicialmente los servicios mínimos
Educación defiende proteger a los alumnos de la PAU
Por su parte, la consellera Carmen Ortí defendió públicamente la necesidad de garantizar las evaluaciones de segundo de Bachillerato debido a la cercanía de la PAU.
Según explicó, se trata de pruebas que pueden tener:
“Consecuencias irreversibles” en el futuro académico de los estudiantes.
La Conselleria considera prioritario asegurar que los alumnos puedan ser evaluados correctamente antes de enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad.
Protestas y pancartas contra la Conselleria
La tensión también se trasladó a la calle. Durante una visita oficial de la consellera a Castellón de la Plana, representantes sindicales y miembros de la Plataforma per l’Educació Pública la recibieron con pancartas y reproches por la situación del conflicto educativo.
Los manifestantes acusaron a la Conselleria de retrasar las negociaciones y no atender las reivindicaciones del profesorado.
Ortí rechazó mantener reuniones fuera de la mesa sectorial, insistiendo en que el diálogo debe desarrollarse dentro de los canales oficiales.
Un conflicto que va más allá de la burocracia
Aunque parte de la negociación gira en torno a la reducción de la carga burocrática del profesorado, los sindicatos aseguran que el conflicto incluye varias reivindicaciones pendientes relacionadas con:
- Condiciones laborales
- Recursos educativos
- Plantillas
- Presupuesto
- Organización de los centros
La Conselleria cifra el coste de las demandas sindicales en unos 2.400 millones de euros, aunque los sindicatos cuestionan esa cantidad y reclaman explicaciones detalladas.
Cuenta atrás para una huelga incierta
A pocos días del inicio de la huelga indefinida, las posiciones siguen muy alejadas y el riesgo de conflicto judicial aumenta.
Mientras Educación insiste en proteger el derecho del alumnado a ser evaluado, los sindicatos advierten de que los servicios mínimos planteados vacían de contenido el derecho de huelga del profesorado.
La negociación continuará en los próximos días, pero el clima entre ambas partes sigue completamente enquistado.
