VALÉNCIA. – La gestión de los fondos públicos destinados a la proyección patrimonial de Valéncia ha quedado situada en el centro del debate político tras encadenarse dos realidades contrapuestas. Por un lado, el Ayuntamiento de Valéncia ha ratificado formalmente un ambicioso convenio de colaboración de 100.000 euros con la Fundación del Santo Cáliz de la Comunitat Valenciana para impulsar la proyección nacional e internacional de la reliquia de cara al Año Jubilar 2026. Por el otro, los mecanismos de fiscalización municipal han obligado a aplicar un severo correctivo a la entidad tras detectarse el intento de justificar con dinero público más de 42.000 euros en gastos irregulares, que incluían comidas de lujo y compras de bebidas alcohólicas.
El contraste administrativo pone de manifiesto la dualidad existente entre la voluntad del actual equipo de gobierno local de posicionar a la ciudad como un referente del turismo religioso y la rigidez de los controles económicos frente al uso del erario.
La vertiente oficial y de promoción se articuló a través de una subvención nominativa impulsada por la delegación de Turismo. Según los términos fijados por la corporación municipal, la inyección económica tiene como finalidad costear labores de investigación científica, la adecuada acogida de visitantes en la Catedral y una variada programación cultural destinada a realzar la valiosa reliquia. En el momento de su anuncio, el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, defendió la iniciativa como una vía para «poner en valor nuestro patrimonio y nuestra identidad», destacando la capacidad del Santo Cáliz para atraer a miles de personas en el ámbito internacional.
Sin embargo, el examen técnico de la cuenta justificativa del convenio, cuyo plazo límite de entrega expiró el pasado 31 de marzo de 2026, ha dibujado un escenario muy diferente al de las declaraciones institucionales. Tras el análisis de las facturas por parte de la intervención local, el consistorio solo ha podido dar por válidos 59.470 euros del total presupuestado.
El informe de los servicios municipales, emitido el pasado 19 de mayo, destapó conceptos totalmente ajenos a los criterios de la subvención. Entre las principales irregularidades financieras figuraba un ágape celebrado el pasado 10 de diciembre en el establecimiento Palau Alameda que ascendió a 1.052 euros. Hacienda local recordó a la fundación que únicamente son subvencionables los costes del personal directamente implicado en las ponencias académicas o cursos, exigiendo la identificación individual de los asistentes y ordenando, explícitamente, la exclusión de 145 euros correspondientes a consumos de bebidas alcohólicas.
Mucho más cuantiosa resulta la partida de 42.663 euros que fue tumbada de forma taxativa por los técnicos al estar expedida de manera irregular a nombre de Alicia P., una de las patronas vinculadas a la propia entidad beneficiaria. Al ser advertida en el informe preliminar de que estos pagos vulneraban la normativa, la propia fundación se vio obligada a retirar dichos documentos de la contabilidad justificativa. Asimismo, la administración local rechazó otros 939 euros facturados en una imprenta online por encontrarse la sede emisora fuera del territorio español.
Aunque la fundación ha declinado hacer comentarios sobre este revés fiscal, los datos evidencian que eventos de gran envergadura institucional, como el Congreso Internacional del Santo Cáliz celebrado en diciembre en el Palacio de la Exposición, conviven con una gestión económica deficiente. Mientras el Ayuntamiento ratifica su respaldo a la difusión global del templo jubilar en 2026, los departamentos financieros dejan claro que el celo sobre los fondos de los contribuyentes no atenderá a presiones políticas ni a la naturaleza religiosa de la institución beneficiaria.
