La Sala de lo Penal incoa diligencias tras apreciar indicios de delito en la elaboración de un dossier por parte del Ministerio del Interior que catalogaba la tendencia política de informadores y medios de comunicación.
MADRID. El Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una causa especial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras admitir a trámite la querella formulada por presuntos delitos de prevaricación y vulneración de derechos fundamentales. La decisión del alto tribunal responde a la revelación de un informe interno elaborado en el seno del Ministerio en el que se identificaba y clasificaba a diversos periodistas, analistas y medios de comunicación con base en su orientación ideológica y su línea editorial.
La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha designado magistrado instructor para dirigir la investigación y esclarecer la responsabilidad del titular de Interior, quien dada su condición de aforado debe ser investigado directamente por el alto tribunal.
Un dossier bajo sospecha de ilegalidad
El origen del procedimiento judicial se sitúa en la filtración de un documento de trabajo atribuido a las unidades de análisis e información del Ministerio. En dicho informe se desglosaban perfiles individuales de profesionales del periodismo, asignándoles etiquetas políticas y analizando el posible «impacto» o «riesgo» de sus publicaciones para la imagen institucional del Ejecutivo.
Asociaciones de prensa, colectivos de juristas y varias de las personas afectadas interpusieron querellas al considerar que la recopilación de datos de carácter personal sobre la ideología de los ciudadanos vulnera abiertamente el artículo 16 de la Constitución Española, el cual garantiza la libertad ideológica y establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
La posición de las partes
Desde la representación querellante se sostiene que el uso de recursos y estructuras del Estado para monitorizar y elaborar «listas negras» de informadores constituye un desvío de poder arbitrario y un atentado directo contra la libertad de información protegida por el artículo 20 de la Carta Magna.
Por su parte, el Ministerio del Interior defiende que las labores realizadas correspondían a análisis rutinarios de seguimiento de medios para evaluar la difusión de información y desmentir posibles bulos o desinformaciones de interés para la seguridad pública, negando categóricamente la existencia de persecución ideológica o intencionalidad delictiva.
Próximos pasos procesales
La apertura del procedimiento no implica de forma automática la imputación de cargos concluyentes, sino el inicio formal de las pesquisas para contrastar la veracidad de los hechos denunciados:
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Requerimiento de documentación: El instructor solicitará al Ministerio del Interior la entrega del expediente completo y la identificación de las ordenanzas de trabajo que motivaron la elaboración del documento.
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Declaraciones de testigos y peritos: Se citará a los responsables de las unidades que redactaron el informe, así como a mandos policiales y técnicos informáticos.
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Citación del investigado: Una vez analizado el material probatorio, el instructor decidirá la citación del ministro Grande-Marlaska para prestar declaración voluntaria o, en su caso, solicitar el correspondiente suplicatorio a las Cortes Generales para proceder formalmente contra su aforamiento.
