La ministra de Ciencia y líder del PSPV eleva el tono contra el Poder Judicial y señala la trayectoria laboral de la esposa y la hija del magistrado en instituciones controladas por los populares.
VALENCIA. – La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha protagonizado una de las ofensivas verbales más duras del Ejecutivo central contra el instructor del ‘caso Begoña Gómez’, el magistrado Juan Carlos Peinado. En unas declaraciones públicas realizadas en Valencia, Morant ha sugerido abiertamente la existencia de una motivación política tras las últimas medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno, vinculando directamente las decisiones del juez con presuntos favores hacia el Partido Popular (PP) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La ministra ha calificado de «casualidad perversa» el entorno familiar y laboral del magistrado, señalando explícitamente a su esposa y a su hija. Según denunció Morant, la mujer del juez Peinado «trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y ha sido ascendida», mientras que su hija «forma parte de la dirección de la señora Ayuso y es concejala de un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid».
A partir de estas afirmaciones, la líder de los socialistas valencianos sentenció que «seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso» a través de su instrucción judicial, la cual tachó de ser una «causa política» orientada a desgastar al Gobierno de España.
Estas graves acusaciones no han sido objeto de ninguna denuncia por parte del Consejo General del Poder Judicial, siendo una grave intromisión en la separación de poderes y acusando directamente a un juez de prevaricación.
Un auto «ejemplarizante» bajo la lupa política
Las palabras de Morant se producen inmediatamente después de conocerse el auto del juez Peinado en el que abre juicio oral contra Begoña Gómez y decreta medidas cautelares severas, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Para la ministra, esta resolución carece de justificación jurídica y responde a un intento de lanzar una «advertencia política».
«Ha sido una medida que quiere ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran con nosotros», afirmó Morant. Además, la titular de Ciencia arremetió contra los argumentos del riesgo de fuga esgrimidos en el auto, acusando al magistrado de haber cruzado «todas las líneas rojas» e incluso de «insultar el trabajo de la Policía Nacional» al deslizar que miembros del cuerpo estatal podrían colaborar en una hipotética huida de la investigada.
El debate sobre el ‘lawfare’ y los límites de la crítica
Con estas declaraciones, el ala socialista del Gobierno intensifica su estrategia de denuncia de lo que consideran un caso paradigmático de lawfare o judicialización de la política. Sin embargo, vincular directamente las decisiones de un juez con el estatus laboral de sus familiares directos en administraciones gobernadas por la oposición sitúa el debate en un terreno pantanoso.
Juristas y sectores de la oposición han advertido que sugerir de forma tan explícita que un juez dicta resoluciones injustas a sabiendas —con el objetivo de beneficiar a un partido político a cambio de prebendas familiares— roza la imputación de un delito de prevaricación. El choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial suma así un nuevo y tenso capítulo que amenaza con cronificar la polarización del escenario político español.
