La magistrada que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante insiste en recibir la comparecencia del exconcejal popular Toni Gallego. Su testimonio sobre la exedil Rocío Gómez enfrenta dos versiones y añade un nuevo capítulo a una investigación con 18 personas investigadas.
La investigación judicial sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública del Residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, continúa avanzando con un nuevo requerimiento dirigido a Les Corts Valencianes. La jueza encargada del procedimiento ha reiterado su petición para que el Parlamento autonómico entregue la grabación de la comparecencia del exconcejal del Partido Popular Toni Gallego, celebrada el pasado 2 de julio ante la comisión parlamentaria que investiga el caso.
La magistrada ha dejado constancia en una providencia fechada el 30 de octubre de que la documentación solicitada sigue pendiente de incorporación al procedimiento judicial, pese a que el requerimiento inicial se había realizado aproximadamente mes y medio antes.
Sin embargo, fuentes de la Presidencia de Les Corts sostienen que la copia ya ha sido enviada por correo certificado. Esta circunstancia introduce una diferencia entre la situación reflejada en la providencia judicial y la información facilitada posteriormente desde la institución parlamentaria.
La grabación resulta relevante porque recoge las manifestaciones de Toni Gallego sobre una conversación que, según su versión, mantuvo con la entonces concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, durante un pleno municipal de julio de 2024.
Gómez, que dimitió en enero de 2026 después de conocerse que había resultado adjudicataria de una vivienda en el residencial investigado, figura entre las 18 personas investigadas en la causa.
El procedimiento judicial examina las circunstancias de las adjudicaciones de viviendas protegidas construidas sobre terrenos que anteriormente pertenecieron al Ayuntamiento de Alicante.
La jueza insiste en recibir la comparecencia parlamentaria
La providencia del 30 de octubre reitera la necesidad de incorporar la grabación de la intervención de Toni Gallego ante la comisión de investigación de Les Corts.
El exconcejal compareció ante el Parlamento autonómico el 2 de julio y posteriormente declaró como testigo ante el juzgado de Alicante el 30 de septiembre.
Durante su declaración judicial ratificó las manifestaciones que había realizado en sede parlamentaria.
La magistrada pretende disponer de la grabación original para incorporarla a las actuaciones.
Les Corts asegura que la grabación ya está enviada
Fuentes de la Presidencia del Parlamento valenciano han indicado que la copia solicitada fue remitida mediante correo certificado.
Esta afirmación no permite determinar si el juzgado ya la ha recibido e incorporado al expediente.
La diferencia puede deberse a los tiempos de envío y recepción o a circunstancias administrativas que no aparecen aclaradas en la información disponible.
Por tanto, no puede afirmarse que Les Corts se haya negado a colaborar con la investigación.
Lo confirmado es que la jueza reiteró el requerimiento y que la institución parlamentaria asegura haber enviado el material.
Qué declaró Toni Gallego sobre Rocío Gómez
El contenido del testimonio del exconcejal constituye uno de los elementos de interés de esta fase del procedimiento.
Según explicó Gallego ante la comisión parlamentaria, Rocío Gómez le comunicó durante un pleno municipal de julio de 2024 que tenía una vivienda en el Residencial Les Naus.
El exedil también afirmó que Gómez le pidió poco antes de comenzar aquella sesión que respondiera en su lugar a una pregunta de Compromís relacionada con el residencial.
Gallego situó esa petición entre tres y cinco minutos antes del pleno.
En aquel momento, el exconcejal acababa de asumir competencias de Patrimonio que anteriormente había desempeñado Gómez.
La relevancia de la conversación
El testimonio resulta relevante porque sitúa el conocimiento de la adjudicación de una vivienda en una fecha concreta y en un contexto institucional.
La investigación deberá determinar qué importancia tiene esa conversación para esclarecer las circunstancias de las adjudicaciones.
Sin embargo, la declaración de un testigo no constituye por sí misma una prueba definitiva de irregularidad.
Su contenido debe examinarse junto al resto de documentos, testimonios y actuaciones practicadas.
El PP cuestiona la versión del exconcejal
Después de la declaración judicial de Gallego, el Partido Popular del Ayuntamiento de Alicante presentó un escrito de alegaciones ante el juzgado.
En ese documento solicitó que se valorara la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio.
Los populares consideran que una parte de la versión del exconcejal no coincide con la documentación administrativa.
Para fundamentar su posición, aportaron un informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del Ayuntamiento.
Según la interpretación defendida por el PP, la designación de Gallego para intervenir durante el pleno no se produjo a petición de Rocío Gómez ni pocos minutos antes de comenzar la sesión.
Dos versiones que deberán contrastarse
La discrepancia se centra en las circunstancias y el momento en que se decidió quién respondería a la pregunta planteada durante el pleno municipal.
Por una parte, Gallego sostiene que Gómez le pidió intervenir poco antes de comenzar.
Por otra, el PP afirma que la documentación administrativa contradice esa explicación.
La existencia de versiones diferentes no demuestra automáticamente que se haya cometido un delito de falso testimonio.
Para llegar a esa conclusión sería necesario acreditar los requisitos legales correspondientes.
La valoración de las pruebas corresponde al órgano judicial.
Rocío Gómez, entre las 18 personas investigadas
La exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante figura entre las personas investigadas por las adjudicaciones de viviendas protegidas del Residencial Les Naus.
Gómez dimitió en enero de 2026 después de hacerse público que había sido adjudicataria de uno de los pisos.
La investigación pretende esclarecer si las adjudicaciones se realizaron conforme a las condiciones legales y administrativas aplicables.
La condición de investigada no equivale a una declaración de culpabilidad.
Tampoco permite concluir que todas las personas incluidas en el procedimiento tengan el mismo grado de participación o responsabilidad.
La importancia de los requisitos de acceso
Las viviendas de protección pública están sujetas a condiciones específicas que pueden incluir límites de ingresos, requisitos de residencia y otras obligaciones.
Las condiciones concretas dependen de la normativa aplicable a cada promoción.
Por ello, para valorar las adjudicaciones de Les Naus es necesario conocer el régimen de protección, las bases del procedimiento y la documentación presentada por los adjudicatarios.
La investigación judicial deberá examinar estos elementos.
Un residencial construido sobre suelo municipal
El origen del conflicto está relacionado con la promoción de viviendas protegidas en terrenos que anteriormente pertenecían al Ayuntamiento de Alicante.
El suelo municipal fue enajenado para permitir el desarrollo del residencial.
Esta circunstancia añade interés público al procedimiento, porque afecta a la utilización de patrimonio municipal para una promoción residencial sometida a determinadas condiciones.
La investigación debe determinar si las adjudicaciones respetaron los requisitos establecidos.
El papel de las administraciones
En las promociones de vivienda protegida pueden intervenir diferentes administraciones y organismos.
El Ayuntamiento puede tener competencias relacionadas con el suelo y la tramitación urbanística.
La Generalitat puede participar mediante las funciones que le atribuya la normativa autonómica de vivienda.
Las entidades promotoras también deben cumplir las condiciones correspondientes.
Para establecer responsabilidades concretas es necesario examinar las competencias de cada organismo y las actuaciones realizadas.
La comisión de Les Corts y la investigación judicial
El caso Les Naus está siendo examinado en dos ámbitos diferentes.
Por una parte, la comisión parlamentaria de investigación pretende esclarecer responsabilidades políticas e institucionales.
Por otra, el juzgado desarrolla un procedimiento destinado a determinar si existen hechos con relevancia penal.
Ambas actuaciones pueden utilizar documentación relacionada con los mismos acontecimientos, pero tienen finalidades distintas.
La comisión parlamentaria no puede sustituir al órgano judicial ni establecer responsabilidades penales.
Del mismo modo, la existencia de una investigación judicial no impide que el Parlamento examine las decisiones políticas y administrativas relacionadas con el caso.
Toni Gallego dejó el Ayuntamiento en 2025
El exconcejal formó parte del equipo de gobierno municipal encabezado por el alcalde Luis Barcala.
Gallego abandonó su cargo en junio de 2025.
Su posterior intervención ante Les Corts y su declaración judicial lo han situado entre los testigos relevantes para reconstruir determinados acontecimientos de 2024.
La jueza considera necesario disponer de la grabación de su comparecencia parlamentaria.
El contenido podrá examinarse junto a la documentación aportada por las partes.
Qué puede ocurrir ahora
El siguiente paso será comprobar si la grabación ha llegado al juzgado y si puede incorporarse a las actuaciones.
La magistrada podrá valorar su contenido y contrastarlo con las declaraciones y documentos existentes.
La investigación continúa abierta y no se ha comunicado una resolución judicial definitiva sobre las adjudicaciones.
El procedimiento deberá avanzar respetando los derechos de todas las personas investigadas y de los testigos.
La investigación de Les Naus sigue abierta
La reiteración del requerimiento a Les Corts demuestra que la documentación parlamentaria continúa siendo relevante para el procedimiento judicial.
El caso reúne elementos relacionados con vivienda protegida, patrimonio municipal, declaraciones de antiguos responsables políticos y actuaciones administrativas.
La existencia de 18 personas investigadas refleja la amplitud del procedimiento, aunque no permite anticipar su desenlace.
La grabación solicitada podrá contribuir a esclarecer las discrepancias sobre lo ocurrido durante el pleno municipal de julio de 2024.
Hasta que se practiquen y valoren las pruebas correspondientes, las diferentes versiones deben mantenerse claramente diferenciadas.
