En un auto judicial emitido este 24 de septiembre de 2025, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido transformar el procedimiento de la investigación sobre Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— en un juicio ante un jurado popular. La acusación principal es un delito de malversación de caudales públicos, relacionado con el supuesto uso indebido de recursos estatales a través de su asistente personal en La Moncloa, Cristina Álvarez. Junto a Gómez, también se sentarán en el banquillo Álvarez y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, por su presunta implicación en la contratación y gestión de estas funciones.
Esta resolución, de seis páginas y notificada a las partes, concluye la fase de instrucción de esta pieza separada del «caso Begoña», que Peinado investiga desde hace más de un año y medio. El magistrado ha convocado a los tres imputados para este mismo sábado, 27 de septiembre, a las 18:00 horas, en los juzgados de Plaza de Castilla, para formalizar la imputación y detallar los hechos que se someterán al jurado. Se trata de un paso inusual, ya que los juicios con jurado popular se reservan para delitos graves como homicidio o, en este caso, malversación cuando implica un «destacado interés público», según la Ley del Jurado.
Antecedentes del caso: de la denuncia inicial a la malversación
El caso contra Begoña Gómez se originó en enero de 2024 con una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que adjuntaba recortes de prensa y un bulo sobre su supuesta intermediación en contratos públicos. Aunque esa primera querella fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2024 por falta de indicios, Peinado ha ido ampliando la investigación a múltiples líneas, impulsadas en gran medida por querellas de formaciones de extrema derecha como Vox y Hazte Oír.
Esta pieza específica por malversación se centra en la contratación y uso de Cristina Álvarez, quien desde 2018 ocupa un puesto de «confianza y asesoramiento» en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, con un salario anual de unos 50.000 euros financiado con fondos públicos. Álvarez, según las declaraciones de altos cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), no solo gestionaba la agenda oficial de Gómez —como acompañamiento en actos institucionales, protocolo y seguridad—, sino que también realizaba tareas privadas relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) que Gómez dirigió en la UCM entre 2020 y 2023.
Entre los indicios clave que Peinado cita en su auto:
- Tres correos electrónicos enviados por Álvarez en nombre de Gómez: Uno para registrar un software informático desarrollado para la cátedra, otro para contactar con patrocinadores empresariales y un tercero para organizar un evento con 500 asistentes en la Feria de Madrid (Ifema). Estos emails, intervenidos judicialmente, se enviaron desde la cuenta oficial de Moncloa y excederían las funciones públicas de Álvarez.
- Testimonios de directivos de la UCM, como Alfredo González (exmano derecha de Félix Bolaños en Presidencia), que afirmaron que Álvarez actuaba como «intermediaria» de Gómez en gestiones académicas y de financiación privada.
- La defensa de Gómez, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, aportó mails para argumentar que todas las acciones siguieron protocolos universitarios, pero Peinado los considera insuficientes.
Inicialmente, en mayo de 2025, Peinado imputó solo a Martín Aguirre —entonces secretario general de Presidencia y responsable de la contratación de Álvarez— por malversación, exonerando a Gómez y Álvarez al considerar que no participaron directamente en el nombramiento. Sin embargo, tras un aval de la Audiencia Provincial en junio de 2025, que ratificó la «desviación de medios públicos» hacia «intereses privados» y apuntó a una «estructura institucionalizada de poder» en La Moncloa, el juez cambió de criterio. En agosto de 2025, citó como investigadas a Gómez y Álvarez, y en septiembre, tras sus declaraciones, decidió procesarlas a las tres.
Durante su comparecencia el 10 de septiembre de 2025, Gómez se acogió al derecho a no declarar por otros delitos (tráfico de influencias y corrupción), pero limitó su intervención a la malversación. Afirmó que Álvarez solo le ayudó «puntualmente» en «gestiones personales» y que el puesto era habitual para las esposas de presidentes anteriores (como las de Aznar o Rajoy). Álvarez, por su parte, insistió en que su rol era de «plena disposición 24/7», pero negó extralimitaciones.
El delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal, conlleva penas de hasta 8 años de prisión, inhabilitación y multa, especialmente si se demuestra un perjuicio al erario público superior a 50.000 euros —umbral que podría cumplirse con el salario de Álvarez durante los años investigados.
Implicados y posibles penas
| Implicado | Rol | Acusación principal | Antecedentes relevantes |
|---|---|---|---|
| Begoña Gómez | Esposa de Pedro Sánchez; exdirectora de la Cátedra CTS en UCM | Malversación (desvío de recursos para cátedra privada) | Imputada desde 2024 por tráfico de influencias y corrupción en otras piezas. |
| Cristina Álvarez | Asistente personal en Moncloa desde 2018; gestionó agenda y correos | Malversación (uso indebido de funciones públicas) | Declaró como testigo en 2024; imputada en 2025. Sigue en su puesto. |
| Francisco Martín Aguirre | Delegado del Gobierno en Madrid; exsecretario general de Presidencia | Malversación (contratación irregular de Álvarez) | Imputado en mayo 2025; responsable de la Secretaría que contrató a Álvarez. |
Reacciones y controversia política
La decisión ha generado un torbellino político. El PSOE ha calificado el auto de «politizado» y ha anunciado recursos ante la Audiencia, argumentando que Peinado actúa bajo presión de la derecha y que el uso de jurado popular es «excepcional e injustificado». Pedro Sánchez, en un breve mensaje en redes, defendió la «transparencia» de su esposa y criticó la «judicialización de la política». Por su parte, el PP y Vox celebran el avance: «La malversación en La Moncloa sale a la luz», tuiteó el líder de Vox, Santiago Abascal.
La Fiscalía, que ha recurrido varias diligencias de Peinado (como la requerida de correos y llamadas), mantiene reservas sobre el fondo, pero no se opuso explícitamente a esta transformación. El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó en julio de 2025 investigar al ministro Félix Bolaños por la contratación inicial de Álvarez, limitando el alcance a los implicados actuales.
Este juicio, previsto para finales de 2026, podría extenderse a otras piezas del caso Begoña, como el software de la cátedra o sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés. Representa no solo un escándalo judicial, sino un pulso al Gobierno en un año electoral clave, con ecos en la oposición y el independentismo catalán, que ven paralelismos con casos como el de Air Europa. La resolución final del jurado podría tener repercusiones profundas en la imagen de Sánchez y su Ejecutivo.
