La organización agraria propone a la Conselleria de Agricultura una ayuda urgente de hasta 6.000 euros por explotación ante los bajos precios en el inicio de la campaña vitícola y la caída progresiva de la superficie cultivada.
VALÉNCIA | 9 de septiembre de 2026
La Comunitat Valenciana ha perdido más de 5.000 hectáreas de viñedo durante la última década, pasando de 60.031 hectáreas en 2015 a 55.019 en 2025 (una reducción del 8,3% de la superficie), según los últimos datos del Registro Vitícola del Ministerio de Agricultura. Ante este panorama y el inicio de una nueva campaña marcada por precios a la baja, la organización agraria LA UNIÓ Llauradora ha solicitado formalmente a la Conselleria de Agricultura la articulación urgente de un plan de ayudas extraordinarias para proteger a los viticultores profesionales.
La propuesta presentada por el colectivo plantea un esquema de apoyo directo compuesto por una cantidad fija de 1.000 euros por explotación más 300 euros adicionales por hectárea, fijando un techo máximo de 6.000 euros por beneficiario.
Precios por debajo del año pasado y riesgo de abandono
El inicio de la presente campaña vitícola ha encendido las alarmas en el sector, ya que las primeras ofertas de compra de uva se sitúan, en varios casos, por debajo de las cotizaciones alcanzadas durante el ejercicio anterior. Desde LA UNIÓ advierten de que trabajar con precios que no cubren los costes de producción —agravados por la volatilidad de los mercados, la inflación de insumos y las inclemencias meteorológicas recientes— pone en riesgo inminente la viabilidad financiera de cientos de explotaciones agrarias.
«No es un problema puramente coyuntural, sino estructural. Si producir uva no permite cubrir costes y obtener una renta digna, cada vez habrá más agricultores que se planteen dejarlo», ha señalado Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ.
Navarro subraya que la pérdida progresiva de viñedos destruye el tejido económico de las comarcas del interior, compromete el futuro de cooperativas y bodegas y frena el necesario relevo generacional. Asimismo, destaca el impacto medioambiental: «El viñedo cultivado fija población, conserva el paisaje, protege el suelo frente a la erosión y actúa como cortafuegos natural ante el riesgo de incendios forestales».
El precedente de La Rioja como vía de actuación
La organización agraria remarca que las comunidades autónomas cuentan con margen legal y presupuestario para intervenir. Como ejemplo, citan el caso reciente del Gobierno de La Rioja, que aprobó una línea de ayudas extraordinarias con fondos propios destinada al mantenimiento del sector agrario profesional.
«Si La Rioja puede apoyar con fondos propios a sus profesionales agrarios, no entendemos por qué la Generalitat Valenciana no puede hacer lo mismo con nuestros viticultores. Hay instrumentos para actuar y la Conselleria todavía está a tiempo de dar una respuesta rápida», defendió Navarro.
Requisitos y agilidad administrativa
Para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes ejercen la actividad de forma efectiva, LA UNIÓ propone vincular la condición de beneficiario a criterios objetivos de profesionalidad, como estar dado de alta en la Seguridad Social agraria o ser titular de una explotación prioritaria.
Además, reclaman que la línea cuente con crédito presupuestario suficiente para evitar prorrateos y solicitan simplificar al máximo la tramitación burocrática aprovechando la información ya disponible en los registros oficiales y la Solicitud Única de la PAC.
