Mientras la ciudadanía se organiza en una plataforma contra lo que denominan un «macrovertedero», un comunicado oficial firmado por el alcalde Raúl Martínez defiende la legalidad del expediente heredado y advierte sobre el riesgo de reclamaciones patrimoniales.
ZARRA / AYORA – El debate social generado en relación con la posible instalación de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos en el término municipal de Zarra ha reactivado un histórico conflicto socioambiental en el Valle de Ayora-Cofrentes. Dos visiones contrapuestas colisionan en la comarca: por un lado, una ciudadanía alarmada que teme una degradación crítica de su entorno natural; por el otro, un consistorio que argumenta encontrarse atado de manos ante un expediente de iniciativa privada cuya resolución final depende de la administración autonómica.
La movilización ciudadana y el fantasma de 2002
La inquietud social cristalizó el pasado domingo, 14 de junio, en la Casa de la Cultura de Ayora. Una concurrida reunión vecinal convocada por la Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV) acordó formalmente la constitución de la Plataforma contra el Macrovertedero de Zarra. El encuentro reunió a residentes de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra y Ayora, destacando una notable participación de la colonia británica y holandesa de la zona, quienes eligieron esta comarca por su elevada calidad de vida.
Desde la plataforma se recuerda que hace ya 24 años, en 2002, el Valle se movilizó masivamente para frenar un proyecto similar en el mismo paraje de Las Hoyas de Caballero (polígono 11 de Zarra). Los activistas señalan directamente a la mercantil TRECO S.L. y denuncian que la planta representa una amenaza crítica tanto para la calidad del aire como de las aguas, comprometiendo el patrimonio natural de la comarca.
El Ayuntamiento responde por escrito: Herencia administrativa y seguridad jurídica
Frente a la escalada de la protesta, el Ayuntamiento de Zarra ha emitido un exhaustivo comunicado oficial firmado de puño y letra por el alcalde, Raúl Martínez Martínez, con el fin de «aclarar la situación actual del expediente» y frenar los intentos de división social.
En el documento, el equipo de gobierno subraya los siguientes puntos clave:
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Iniciativa heredada: El consistorio aclara de forma tajante que se trata de una iniciativa privada cuya tramitación comenzó en 2017, cuando se otorgó la compatibilidad urbanística y una licencia condicionada bajo anteriores mandatos. «No es un proyecto impulsado por el actual equipo de gobierno», reza el texto.
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Riesgo para las arcas públicas: El alcalde advierte que, en un Estado de Derecho, las decisiones deben acatarse conforme a los informes técnicos y jurídicos. Emitir una resolución contraria y sin base legal sólida «podría derivar en reclamaciones patrimoniales con impacto directo en las arcas públicas y, por extensión, en el conjunto de la ciudadanía zarrina».
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Competencia autonómica: Se enfatiza que el expediente está siendo evaluado por la Generalitat Valenciana, que es la administración competente para determinar la viabilidad ambiental, territorial y sectorial. El Ayuntamiento aclara que cualquier publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) forma parte de la tramitación autonómica y no responde a decisiones municipales.
El comunicado concluye con un rotundo llamamiento a la «serenidad, a la confianza en las instituciones y al respeto de los procedimientos legales», asegurando que se está cumpliendo en todo momento con las obligaciones de transparencia.
