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La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, defiende el sigilo de las pesquisas ante la queja formal del ministro de Interior.
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria respalda a la magistrada María Tardón y recuerda que la Policía Judicial solo se somete a los tribunales.
MADRID.— Tensión en la cúpula judicial por la gestión de las investigaciones de la crisis migratoria e institucional en Ceuta. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha exigido este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «el máximo respeto» hacia las actuaciones judiciales, recordando que la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de los atestados debe responder ante los juzgados y no ante los mandos políticos.
La contundente contestación de Perelló responde a la queja formal trasladada por Marlaska. El titular de Interior expresó su «preocupación» después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, encomendara a agentes de Extranjería (CENIF) un informe exhaustivo sobre lo sucedido en las fronteras de la ciudad autónoma bajo la estricta condición de no informar de su contenido a los mandos del Ministerio.
En su escrito de respuesta, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces subraya que cualquier policía o guardia civil que desempeñe funciones judiciales queda sujeto exclusivamente a las instrucciones del magistrado que dirige las diligencias, debiéndole obediencia estricta. Perelló remarca que esta independencia garantiza que no existan injerencias políticas ni filtraciones en la instrucción criminal.
Cierre de filas asociativo
A las muestras de respaldo institucional se ha sumado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). A través de un comunicado emitido este jueves, la organización califica el trabajo de María Tardón como «diligente, eficaz y plenamente ajustado a las garantías del procedimiento», solicitando «prudencia en las declaraciones públicas» para evitar mantos de sospecha que erosionen la confianza en la Justicia.
«Cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan en el ejercicio de funciones propias de policía judicial, su actuación se encuentra sometida a la dirección y control de la autoridad judicial», subraya la nota de la AJFV. La asociación insiste en que la información obtenida debe ir remitida únicamente a juzgados y tribunales, «con independencia del cuerpo policial de que se trate o de la Administración de la que dependa».
