MADRID. — Un informe de la inteligencia policial incorporado a las diligencias judiciales ha dado un vuelco definitivo a la versión oficial sobre la crisis fronteriza sufrida en Ceuta. El Centro Nacional de Imputaciones y Filiaciones (CENIF), unidad de inteligencia integrada en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha remitido un documento decisivo a la magistrada María Tardón en el que concluye que la entrada masiva de miles de personas no respondió a un fenómeno migratorio espontáneo, sino a una operación geoestratégica perfectamente planificada y dirigida por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Esta conclusión echa por tierra el relato sostenido desde la Moncloa y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en su momento encuadraron el episodio en una crisis humanitaria provocada por la desesperación migratoria o en un desborde puntual de los controles fronterizos.
Un plan coordinado para colapsar a España
Según consta en la documentación remitida a la Audiencia Nacional, la investigación policial acredita que la invasión de la ciudad autónoma fue guiada sobre el terreno por gendarmes marroquíes, quienes actuaban coordinados y bajo la supervisión directa de agentes de paisano de los servicios de inteligencia y seguridad del país vecino.
El informe del CENIF señala explícitamente que la maniobra persigue «un fin distinto al migratorio». Entre las claves operativas remitidas a la juez Tardón destacan:
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Objetivo táctico: Provocar un colapso inducido de todo el sistema de control fronterizo español mediante una saturación masiva y simultánea por distintos puntos.
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Neutralización defensiva: Anular la capacidad de respuesta operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la línea divisoria.
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Coordinación sobre el terreno: Agentes marroquíes sin uniformar canalizaron los flujos de personas hacia las zonas más vulnerables, abriendo pasos y coordinando las oleadas con la complicidad activa de la Gendarmería Real.
Implicaciones judiciales y diplomáticas
El atestado policial forma parte de las actuaciones judiciales destinadas a depurar responsabilidades sobre los graves acontecimientos que pusieron en jaque la soberanía territorial de España. La ratificación de que se trató de un «proceso planificado» desprotege la tesis oficial del Gobierno y sitúa a Marruecos en el centro de una agresión deliberada de carácter híbrido.
El análisis entregado a la magistrada consolida la hipótesis de que Rabat utilizó el flujo de personas como una herramienta de presión política y chantaje diplomático frente a Madrid, desmontando cualquier cobertura humanitaria y confirmando que la estructura de seguridad del Reino de Marruecos ejecutó la operación de forma teledirigida.
