Super Gourmet es titular desde el 2007 de la concesión de Bar en la parte exterior casetas del Mercado Central, casi al año le obligan a cambiar el epigrafe de Bar Freiduria a Bar sin elaboración. En 2009 la Conselleria de Sanidad le concede Registro Sanitario con la autorización de “elaboración de alimentos para consumo en el local” ,esto se comunica a la Jefatura de Servicio de la Concejalia de Mercados para que cambia el epígrafe al que tenía originalmente de Bar Freiduria a lo que se le indica que no es necesario , podían desarrollar la actividad sin problema, algo que fue así hasta el cambio de signo político donde parece empezó una persecución política.
“Me acusaban de ser afín a Rita Barberá”
El empresario sin adscripción política daba empleo a 14 familias, casi todas mujeres y algunas con discapacidad o con hijos discapacitados a su cargo, que dejó en la calle tras aplicarle finalmente la máxima sanción, la pérdida de la concesión en base a unos informes que en sede judicial se ha demostrado se fabricaban “al gusto” y se daban a firmar a los funcionarios, todo esto bajo el mandato del ex-concejal de Compromís Carlos Enrique Galiana.
El último día del mandato del ex-concejal de Compromís, Carlos Enrique Galiana ordenó por vía de urgencia vía moción a los servicios jurídicos municipales demandar al empresario y con el cambio de gobierno municipal, el actual concejal popular Santiago Ballester decidió seguir adelante con la demanda.
El nuevo procedimiento judicial
El Ayuntamiento acusaba entonces a un empresario de hostelería y a su abogado de falsificación, a lo que el juzgado tras las testificales y el juicio dicta la sentencia absolutoria, asegurando que la firma tras una pericial grafológica es indudablemente del funcionario siendo una Sentencia firme en Audicencia Provincial sin posibilidad de recurso
Una vez demostrado en el juzgado no existió tal falsificación los temores municipales se pueden hacer realidad, y es que el propio Ayuntamiento alegó al juez que de ratificar la sentencia “sólo saldría beneficiado el empresario” y que “esto puede causar la anulación de la sentencia judicial que ratificaba la pérdida de la concesión y la apertura de numerosos procedimientos judiciales”.
Un gran problema para el Ayuntamiento, uno más por no hacer las cosas bien
Los problemas derivados de esta “persecución ideológica” al empresario primero por parte de Compromís y ahora el concejal popular Santiago Ballester que no ha querido recibir en ningún momento a la empresa, mostrando un desprecio absoluto y continuando las actuaciones del anterior equipo de gobierno de Compromís. Hace 8 años que el puesto del bar freiduría sigue cerrado dejando en la calle a los 14 empleados que tenía.
Una triste realidad del empresario
El empresario 8 años después clama justicia y exige se le devuelva la concesión y toda la maquinaria en perfecto estado para volver a abrir la taberna española. Cabe recordar que el Ayuntamiento se la apropió y no le permitió rescatar sus bienes “al más puro estilo chavista” y finalmente en verano de 2023 una empresa contratada por el Ayuntamiento de valencia sacó a martillazos los bienes que hoy están completamente destrozados y rotos e inservibles en una reforma contratada por el Ayuntamiento del puesto de más de 43.000€, una auténtica barbaridad.
“El concejal Carlos Enrique Galiana me acusó de ser de la caverna de Rita Barberá y cuando llegó al Gobierno Catalá me dijeron que el tema ya estaba zanjado, unos y otros me han abandonado y han perjudicado a mi familia y mis trabajadores, dejando en la calle a gran parte de la plantilla que eran mujeres,…eso era Compromís, pero hoy el PP de Catalá me abandona y el concejal incluso me demanda, demostrando que son exactamente lo mismo”.
La empresa posee un informe pericial independiente que asegura que por todo lo ocurrido, la indemnización y el lucro cesante de estos años la indemnización ascendería a más 3 millones de euros (son 8 años cerrado), por lo que asegura que va a dar batalla judicial y espera el Ayuntamiento se siente a negociar.
La ley permite dadas las circunstancias por interés general retornar la concesión, y el Ayuntamiento debería comprar el material y dejar el puesto conforme estaba, y después negociar una indemnización con el empresario, pero de no hacerlo podría tener que hacer frente a un pago millonario.
El futuro para arreglar todo
El Ayuntamiento de María José Catalá deberá devolver la concesión del puesto e indemnizar a la empresa, por lo que en vez de seguir la batalla judicial, lo más razonable sería llegar a un acuerdo con la empresa y devolver la concesión.
