Por: Redacción Actualidad Madrid, 26 de enero de 2026
En un giro sin precedentes en la política migratoria europea, el Gobierno de España ha anunciado la aprobación de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas extranjeras. La medida, que se estima beneficiará a cerca de 600.000 inmigrantes en situación administrativa irregular, supone el proceso de documentación más ambicioso del país desde la etapa de 2005.
El anuncio, confirmado tras un acuerdo clave con la formación Podemos, establece que cualquier persona que se encontrara en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 podrá acceder a una autorización de residencia y trabajo por un periodo de un año, siempre que acredite al menos cinco meses de estancia en el país.
El fin de las órdenes de expulsión
Uno de los puntos más disruptivos del decreto es la anulación automática de todas las órdenes de deportación vigentes por motivos administrativos. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mero hecho de admitir a trámite la solicitud de regularización suspenderá cualquier procedimiento de retorno o expulsión que pesara sobre el solicitante por carecer de visado o trabajar sin permiso.
Esta decisión busca «limpiar el tablero» administrativo y ofrecer seguridad jurídica a una población que, en muchos casos, ya está integrada en el tejido económico sumergido del país. «Se trata de reconocer una realidad social que ya existe en nuestras calles, colegios y centros de trabajo», señalaron portavoces gubernamentales.
Flexibilidad en las pruebas: Adiós a la «dictadura del padrón»
Históricamente, el empadronamiento ha sido el principal obstáculo para los migrantes, debido a la negativa de muchos propietarios a registrar a sus inquilinos. El nuevo decreto rompe esta barrera al permitir una amplia gama de medios probatorios para demostrar los cinco meses de residencia exigidos:
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Documentos municipales: El empadronamiento sigue siendo válido.
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Historial sanitario: Informes médicos de urgencias o citas en centros de salud.
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Consumos básicos: Contratos de suministros como luz, agua o internet a nombre del solicitante.
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Pruebas financieras: Certificados de envío de remesas de dinero al extranjero o extractos bancarios.
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Uso de servicios: Billetes de transporte público o certificados de asistencia a cursos y ONGs.
Un hito nacido de la presión social
Esta medida no surge de la nada. Es el resultado de años de presión por parte de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recolectó más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de más de 900 organizaciones civiles, incluida la Iglesia Católica. Aunque la propuesta original estuvo estancada en el Congreso durante meses, la actual coyuntura política ha forzado al Ejecutivo a actuar mediante un Real Decreto de tramitación inmediata.
Irene Montero, eurodiputada y figura clave en la negociación, destacó que este acuerdo es una «victoria de la dignidad humana» frente a las políticas de fronteras rígidas. Por su parte, el Ministerio de Migraciones subraya que la medida ayudará a aflorar la economía sumergida, permitiendo que miles de trabajadores comiencen a cotizar a la Seguridad Social, lo que supondrá un impulso directo a las arcas públicas.
Reacciones y próximos pasos
La oposición no ha tardado en reaccionar. El Partido Popular y Vox han criticado duramente la iniciativa, calificándola de «efecto llamada» y alertando sobre una posible saturación de los servicios públicos. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que la regularización es una cuestión de «eficacia económica y justicia social».
El proceso de solicitud se abrirá en las próximas semanas a través de una plataforma digital habilitada por Extranjería para evitar el colapso de las oficinas físicas.
