El Congreso de los Diputados afronta este martes una votación decisiva para el futuro de las cuentas públicas del Estado. La Cámara debate la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, un paso imprescindible para que el Gobierno pueda elaborar y presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 tras tres años consecutivos de prórroga de las cuentas aprobadas en 2023.
Sin embargo, el Ejecutivo llega a la votación sin una mayoría asegurada. El apoyo del bloque de investidura resulta imprescindible y todas las miradas se dirigen a Junts, cuyo rechazo se da prácticamente por hecho y podría unir sus votos a los del PP y Vox para tumbar la propuesta del Gobierno.
Arcadi España defiende unas cuentas «sociales y responsables»
El ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha defendido que el futuro proyecto presupuestario será «ambicioso en lo social y responsable en lo fiscal». El Ejecutivo ha fijado un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más elevada de la historia, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al límite vigente.
La senda de estabilidad contempla además una reducción progresiva del déficit público durante los próximos años, pasando del 1,8% del PIB en 2027 al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029, en línea con los compromisos adquiridos con Bruselas.
Junts vuelve a convertirse en la pieza clave
La principal dificultad para el Gobierno vuelve a estar en el Congreso. Junts considera insuficiente el margen de déficit concedido a las comunidades autónomas, fijado en el 0,1% del PIB para los próximos tres ejercicios, y ya ha adelantado que votará en contra si no se modifica este reparto.
Según Hacienda, este margen supondría para las autonomías disponer de hasta 5.849 millones de euros adicionales durante el periodo 2027-2029. El ministerio advierte además de que rechazar la senda obligaría a las comunidades a realizar un ajuste equivalente.
El reparto planteado por el Ejecutivo reserva para la Administración central la mayor parte del déficit permitido: un 1,5% del PIB en 2027, un 1,4% en 2028 y un 1,3% en 2029. La Seguridad Social asumiría un déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en los dos ejercicios siguientes, mientras que las corporaciones locales mantendrían el equilibrio presupuestario.
La deuda pública seguiría reduciéndose
La previsión del Gobierno es que la deuda pública continúe descendiendo durante los próximos años, pasando del 99,1% del PIB previsto para este ejercicio al 97,6% en 2027, al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. Paralelamente, la regla de gasto fija un crecimiento máximo del 4% para 2027, del 3,8% para 2028 y del 3,6% para 2029 para el conjunto de las administraciones públicas.
¿Qué ocurre si el Congreso rechaza la senda?
Si el Congreso tumba la propuesta, el Gobierno dispondrá de un plazo de un mes para volver a aprobar una nueva senda de estabilidad en el Consejo de Ministros y remitirla nuevamente a las Cortes. De producirse un segundo rechazo, entrarían automáticamente en vigor los objetivos fiscales acordados con Bruselas, que mantienen las metas de déficit pero reducen el margen disponible para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Ese escenario cerraría además la puerta a posibles acuerdos sobre déficits diferenciados entre territorios, una de las principales reclamaciones de varios gobiernos autonómicos y especialmente de Cataluña.
La votación de este martes se convierte así en el primer gran examen parlamentario para unos Presupuestos de 2027 que el Ejecutivo sigue decidido a presentar, aunque la aritmética del Congreso vuelva a poner a prueba la estabilidad de la legislatura.
