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UGT y CCOO unen sus fuerzas para llevar el «conflicto de rentas» a la calle, vinculando directamente la escalada de los alquileres y la inflación con la precariedad salarial.
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La patronal CEOE tilda la convocatoria de ilegítima y advierte de que las demandas sobre el mercado inmobiliario exceden el marco legal laboral de una huelga.
MADRID.— Las principales centrales sindicales del país, UGT y CCOO, han alcanzado un acuerdo firme para convocar una huelga general este próximo otoño. La decisión, que supone un salto cualitativo en la conflictividad social, sitúa en el centro de la protesta el denominado «conflicto de rentas»: la creciente incapacidad de los salarios de la clase trabajadora para hacer frente al disparado coste de la vivienda y la consolidación de la inflación en la cesta de la compra.
Con este movimiento, los sindicatos buscan vertebrar un frente común e incorporar las demandas de las grandes movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda a la agenda de la negociación colectiva y de la presión institucional.
Salarios ahogados por la vivienda y los precios
Desde las ejecutivas sindicales señalan que la brecha entre el coste de la vida y la retribución del trabajo ha alcanzado un límite insostenible. El precio de los alquileres y las cuotas hipotecarias insume ya, en los principales núcleos urbanos, más del 40% o 50% de la renta media del hogar, situándose muy por encima de las recomendaciones de los organismos financieros.
«El salario de la clase trabajadora se ha convertido en un mero cauce de transferencia hacia la renta inmobiliaria. Trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes ni poder mantener un techo bajo el que vivir», afirman fuentes de la negociación sindical.
A esta crisis habitacional se suma el impacto acumulado de la inflación, que continúa lastrando la cesta de la compra y los servicios básicos, minando de forma continuada el poder adquisitivo de los trabajadores.
La CEOE avisa: «No es un conflicto laboral»
La reacción del sector empresarial no se ha hecho esperar. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han rechazado categóricamente la iniciativa sindical y han advertido sobre la posible ilegalidad de una convocatoria de estas características.
La patronal sostiene que las causas de una huelga general deben circunscribirse estrictamente a las relaciones laborales y a las condiciones de trabajo en las empresas:
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Ausencia de motivación laboral directas: Para los empresarios, la regulación o la situación del mercado inmobiliario es un ámbito de política pública que no compete a la negociación entre empresas y trabajadores.
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Sin amparo legal: La CEOE insiste en que utilizar la huelga como herramienta de presión sobre políticas gubernamentales de vivienda desvirtúa la naturaleza de esta medida de conflicto y la sitúa fuera del marco de protección del derecho de huelga.
| Posición Sindical (UGT / CCOO) | Posición Empresarial (CEOE) |
| La vivienda es parte del salario real y del coste de vida de la clase trabajadora. | La vivienda es una materia de política pública y no un problema de relación laboral. |
| Exigen medidas urgentes de contención de precios y subidas salariales. | Consideran que la huelga no está amparada por las causas legales de convocatoria. |
| Vinculan el conflicto salarial con la pérdida de poder adquisitivo acumulada. | Advierten del impacto económico y la falta de encaje estatutario del paro. |
Hacia un otoño de máxima tensión social
La fijación de la fecha concreta para la jornada de paro general se anunciará en los próximos días, tras la ratificación del calendario por parte de los órganos de dirección de ambos sindicatos. Mientras tanto, las organizaciones preparan una campaña de asambleas en los centros de trabajo para socializar el conflicto y calibrar la respuesta de la plantilla frente a un otoño que se prevé de alta intensidad social y política.
