El Tribunal de Cuentas investigará a MercaValencia pese a la oposición de Mercasa, Ajuntament de Valéncia y Fiscalía

• La Sección de Enjuiciamiento ordena el nombramiento de un delegado instructor tras la denuncia de la Asociación de Mercados Municipales por un supuesto perjuicio de 7,5 millones de euros.

• Tanto el consistorio valenciano como Mercasa, Mercavalencia y el Ministerio Fiscal habían solicitado de forma reiterada el archivo de las actuaciones.

MADRID / VALENCIA. – El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto clave en el que acuerda continuar con la tramitación de la Acción Pública nº B116/2025 y solicitar el nombramiento de un Delegado Instructor para investigar la gestión de personal del matadero de Mercavalencia S.A.. La decisión, firmada por la Consejera de Cuentas, Excma. Sra. Doña Elena Hernáez Salguero, llega a pesar de la firme y reiterada oposición del Ayuntamiento de Valencia, la entidad estatal Mercasa y la propia dirección de Mercavalencia, quienes exigían el archivo inmediato del caso.

El origen del procedimiento se remonta a una denuncia presentada por don José Pérez Acevedo en representación de la Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana. La asociación alertó sobre presuntas responsabilidades contables y la existencia de un perjuicio económico real derivado de un acta de la Inspección de Trabajo de 2018 y una posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del 13 de febrero de 2025. Dicha resolución judicial confirmó que la cooperativa Workman ACP operaba en fraude de ley como una simple intermediaria de mano de obra en el matadero, obligando a regularizar las cotizaciones de 429 trabajadores mediante una liquidación a la Seguridad Social cifrada en unos 7,5 millones de euros.

Un frente común para frenar la investigación, ¿qué tienen que ocultar los organismos públicos?

A lo largo de la tramitación de estas diligencias preliminares, se articuló una postura unánime entre las administraciones e instituciones implicadas para detener el proceso. El Ayuntamiento de Valencia presentó alegaciones en febrero y abril pidiendo el archivo definitivo. En esa misma línea se manifestaron de forma conjunta Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento S.A.) y Mercavalencia, argumentando que la denuncia carecía de indicios de «daño efectivo» a los fondos públicos y acusando a los denunciantes de pretender una «investigación prospectiva e inquisitiva» prohibida por la ley.

A este bloque se sumó el Ministerio Fiscal, que emitió hasta dos informes institucionales reiterando la necesidad de archivar el expediente al considerar que los hechos eran «meras sospechas sin concreción» y que la denunciante carecía de legitimación para forzar una fiscalización de tal magnitud.

El Tribunal descarta el archivo: los hechos revisten complejidad

Frente al criterio de las defensas y de la Fiscalía, la Consejera de Cuentas ha aplicado una interpretación restrictiva del artículo 56.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. El auto determina que el archivo prematuro de las actuaciones solo procede cuando los hechos denunciados carezcan de relevancia contable de forma «manifiesta, patente y clara», algo que no ocurre en este escenario.

Según expone la resolución, la envergadura y la «complejidad de las cuestiones planteadas» impiden cerrar el caso en una fase inicial, ya que hacerlo supondría prejuzgar el fondo del asunto antes de tiempo. Por tanto, la magistrada aclara que —sin que suponga prejuzgar la existencia final de responsabilidades contables— resulta imprescindible abrir paso a la fase de investigación.

En la parte dispositiva del auto se acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento formal de un Delegado Instructor. Este funcionario será el encargado de practicar de forma preferente las diligencias necesarias para esclarecer la contabilidad, el destino de los fondos patrimoniales de naturaleza pública del Ayuntamiento de Valencia y determinar de forma provisional si existió un menoscabo real y cuantificable en las arcas locales. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días.

¿Quién compone el accionariado de MercaValencia y cuál es su actual junta gestora que se niega a que se fiscalicen sus cuentas?

MercaValencia y su opacidad, y el rastro de la SEPI

Cabe recordar que estos hechos que supusieron una dura condena al Ajuntament de Valéncia sucedieron bajo la dirección de la concejalía del concejal Carlos Enrique Galiana (Compromnís), y las sospechas de mala gestión provienen de entonces, cuando el concejal se reformó enteramente su despacho con muebles de diseño, se conocieron pagos en lotes y cajas de navidad prohibidos por la ley al ser una empresa pública y la opacidad era absoluta. De hecho se elevó un 50% los cargos directivos en la mercantil.

Hoy la opacidad sigue siendo la tónica dominante en una empresa pública formada por la SEPI (Estado) y el Ajuntament de Valéncia.

Cabe recordar que la empresa estatal SEPI está siendo objeto actualmente de numerosas investigaciones judiciales en muchas de sus empresas, sólo por arrojar luz no es comprensible todas las administraciones se nieguen a que se ponga luz y taquígrafos en sus cuentas, ¿acaso tienen algo todos que ocultar?. La ley de transparencia no sólo es un texto sin valor, se ha de cumplir y las administraciones al negarse a investigar colaboran con la opacidad absoluta y las sospechas de mala gestión…