Un joven marroquí residente en Altea permanece internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia mientras trata de paralizar la orden de expulsión dictada contra él mediante una solicitud de regularización y protección internacional.
El caso ha despertado preocupación entre colectivos de apoyo a personas migrantes, que reclaman que no se ejecute la expulsión hasta que se resuelvan todos los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.
Dos años viviendo en Altea
Según su entorno jurídico, el joven llevaba aproximadamente dos años viviendo en Altea, en la comarca de la Marina Baixa.
Fue detenido por la Guardia Civil el pasado 6 de mayo y trasladado posteriormente al juzgado de instrucción de Benidorm para prestar declaración.
Tras ello, ingresó en el CIE de Valencia con una orden de expulsión activa.
La defensa sostiene que el joven ya había iniciado trámites para regularizar su situación administrativa en España y asegura que cumple varios requisitos de arraigo:
- Está empadronado.
- No tiene antecedentes penales.
- Había comenzado un proceso extraordinario de regularización.
Solicita asilo alegando persecución religiosa
Paralelamente, los abogados del joven han solicitado protección internacional por motivos religiosos.
Según explican, abandonó Marruecos tras convertirse al cristianismo, una situación que, afirman, le habría generado problemas en su país de origen.
Con esta estrategia jurídica, la defensa busca detener temporalmente la expulsión mientras las autoridades analizan:
- La solicitud de asilo.
- El expediente de regularización.
- Su situación personal y social en España.
En caso de rechazo de la protección internacional, todavía podrían presentarse recursos y alegaciones adicionales.
Colectivos migrantes piden paralizar la expulsión
Diversas plataformas de apoyo a personas migrantes han solicitado públicamente que no se ejecute la expulsión hasta que concluyan todos los trámites administrativos.
Consideran que el internamiento en el CIE coloca al joven en una situación de especial vulnerabilidad y recuerdan que mantiene procedimientos legales abiertos.
Las organizaciones también vuelven a poner el foco sobre:
- El funcionamiento de los CIE.
- Los procedimientos de expulsión.
- Las dificultades administrativas de muchas personas extranjeras que llevan años viviendo en España sin regularizar su situación.
Debate sobre los CIE y el arraigo
El caso reabre el debate sobre los límites entre los procesos de expulsión y las solicitudes de arraigo o protección internacional.
En situaciones similares, los tribunales han analizado factores como:
- El tiempo de residencia en España.
- La integración social.
- La ausencia de antecedentes.
- La existencia de riesgos en el país de origen.
Mientras tanto, el joven continúa internado en el CIE de Valencia a la espera de que se resuelva su situación.
