El Ayuntamiento y la Generalitat preparan controles para las próximas semanas. Los inspectores autonómicos comprobarán las acreditaciones con apoyo de la Policía Local cuando sea necesario.

El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana preparan una campaña de inspección para detectar posibles casos de intrusismo en la actividad de guía turístico. Las actuaciones comenzarán en las próximas semanas y podrán dar lugar a expedientes sancionadores cuando se detecten incumplimientos de la normativa.

La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha trasladado los detalles de la iniciativa a la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunitat Valenciana. Según el consistorio, el objetivo es proteger a los profesionales habilitados, combatir la competencia desleal y reforzar la calidad de los servicios que reciben los visitantes.

Las inspecciones serán realizadas por personal de la Generalitat, que podrá contar con el acompañamiento de la Policía Local de Valencia. El dispositivo se enmarca en el protocolo de colaboración acordado por ambas administraciones para coordinar la vigilancia de esta actividad.

Qué comprobarán las inspecciones

Durante las actuaciones se revisará si quienes prestan servicios de guía disponen de la habilitación profesional cuando esta sea exigible. Si se detectan irregularidades, la Generalitat podrá iniciar los trámites sancionadores correspondientes, tanto respecto al profesional como a la empresa para la que trabaje, según las circunstancias de cada caso.

La sede de la Generalitat define la actividad profesional regulada como la prestación habitual y retribuida de información cultural, artística, histórica o geográfica a turistas durante visitas a museos, monumentos, conjuntos histórico-artísticos y otros lugares declarados bienes de interés cultural en la Comunitat Valenciana.

Ejercer o publicitar esa actividad sin la habilitación preceptiva está considerado una infracción administrativa grave, según la información publicada por la administración autonómica. La exigencia debe analizarse en función de la actividad y el lugar: el anuncio municipal no permite afirmar que cualquier persona que acompañe a un grupo por cualquier calle necesite la misma acreditación.

Policía Local e inspectores recibirán formación

El dispositivo prevé que la Policía Local colabore con los inspectores de turismo cuando resulte necesario. También se organizarán sesiones formativas impartidas por la Generalitat para que los agentes conozcan la normativa aplicable y puedan identificar las acreditaciones profesionales.

Según el comunicado municipal, la Asociación de Guías Oficiales podrá participar en esas jornadas. La iniciativa se suma al protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que contempla el intercambio de información y el apoyo a la inspección turística.

Paula Llobet ha defendido que la campaña busca evitar que los profesionales que cumplen los requisitos tengan que competir con quienes trabajan al margen de la normativa.

Una futura ordenanza para los grupos turísticos

La campaña inspectora coincide con los trabajos municipales para impulsar una nueva ordenanza de convivencia y civismo. Según el Ayuntamiento, entre las medidas previstas figura limitar los grupos turísticos a 25 personas con carácter general y a 20 en Ciutat Vella.

Para los recorridos en bicicleta o patinete, la propuesta municipal contempla grupos de hasta diez participantes y la organización en subgrupos separados cuando se supere esa cifra. También prevé restricciones al uso de megáfonos y altavoces por parte de los guías.

Estas medidas se presentan como parte de una futura ordenanza. Sus condiciones definitivas y su entrada en vigor dependerán de la tramitación y aprobación del texto correspondiente. El comunicado municipal menciona posibles sanciones de hasta 1.500 euros por incumplimientos de las obligaciones previstas, aunque ese importe no debe confundirse con una multa general ya fijada para todos los casos de intrusismo.

La inspección y las multas son cuestiones distintas

La campaña anunciada se centra en comprobar el cumplimiento de la normativa profesional. La propuesta de ordenanza, por su parte, aborda cuestiones relacionadas con la convivencia y el uso del espacio público.

La puesta en marcha de controles no implica que todas las personas inspeccionadas hayan cometido una infracción. Si los inspectores detectan hechos que puedan dar lugar a una sanción, deberán seguirse las actuaciones y el procedimiento que correspondan.