La creación de la Oficina Antiocupación, aprobada por la Junta de Gobierno Local, busca dar respuesta al incremento de ocupaciones ilegales en la ciudad. Este nuevo servicio, dependiente de la Policía Local, ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los propietarios afectados, agilizando la recuperación de sus viviendas.

Una nueva herramienta municipal frente a un problema creciente

El Ayuntamiento de Valencia ha formalizado la creación de la Oficina Antiocupación, una medida que nace ante la necesidad urgente de proteger la propiedad privada y de prestar apoyo institucional a los vecinos que sufren ocupaciones ilegales. Esta nueva unidad, que estará integrada dentro de la estructura administrativa de la Policía Local, forma parte de un paquete más amplio de medidas impulsadas por el consistorio para mejorar el acceso a la vivienda y garantizar la seguridad jurídica en la ciudad.

La iniciativa fue aprobada el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local, y responde a una problemática en auge: la ocupación de viviendas, tanto vacías como en alquiler, que ha generado preocupación entre los ciudadanos y ha impactado directamente en el mercado inmobiliario local.

El respaldo legal de los propietarios, en el centro del proyecto

Según explicó el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, el objetivo de esta oficina será facilitar a los propietarios todos los recursos necesarios para iniciar acciones legales rápidas, permitiendo así una pronta recuperación de sus inmuebles. El concejal destacó que la ocupación “es un problema real, que va en aumento y que afecta a la seguridad jurídica en Valencia”.

“Queremos ponernos del lado de los propietarios. No podemos permitir que haya miedo a alquilar por temor a una ocupación ilegal”, afirmó Caballero durante su intervención.

La nueva oficina no sustituirá los procedimientos judiciales existentes, pero actuará como intermediaria entre la ciudadanía y los servicios legales, agilizando trámites y acompañando a los afectados en todo el proceso.

Cifras que justifican la intervención municipal

Las estadísticas respaldan la decisión del Ayuntamiento. Según datos oficiales, la Policía Local de Valencia atendió 796 casos de ocupación en 2023. En 2024, la cifra aumentó ligeramente hasta los 810, y en apenas tres meses de 2025 ya se han registrado 144 intervenciones. Estos números confirman una tendencia al alza que, aunque no masiva, sí suficiente para activar mecanismos de respuesta rápida.

En palabras del propio Caballero, “aunque solo fuesen 13 o 17 viviendas, no podemos mirar hacia otro lado. Cada ocupación impide que una vivienda cumpla su función social”.

¿Cómo funcionará la Oficina Antiocupación?

Aunque el protocolo de actuación aún está en fase de desarrollo, el Ayuntamiento ha adelantado que la oficina contará con un equipo especializado que ofrecerá:

• Asesoramiento jurídico para iniciar procesos de desalojo.
• Asistencia administrativa para recopilar documentación y presentar denuncias.
• Coordinación con la Policía Local para verificar las ocupaciones y establecer actuaciones inmediatas.
• Apoyo en la celebración de juicios rápidos, cuando proceda.

Todo ello con el fin de reducir los tiempos de respuesta y evitar que la ocupación derive en procesos judiciales largos y costosos.

Ocupación y vivienda: dos caras de un mismo problema

La creación de esta nueva entidad se enmarca dentro de una estrategia más amplia en política de vivienda, encabezada por la alcaldesa María José Catalá. El Ayuntamiento está promoviendo el Plan + Vivienda, que contempla la construcción de más de 1.000 pisos a precios asequibles. Ya se han entregado 160 de estas viviendas, en lo que el consistorio considera un modelo de intervención integral: fomento de la oferta pública, garantía jurídica y promoción del alquiler privado seguro.

El propio Caballero lo resumía así: “Solo con más oferta se podrán contener los precios. Y solo con seguridad jurídica lograremos que más propietarios saquen sus viviendas al mercado”.

El miedo como freno al alquiler

Uno de los datos más significativos del Infobarómetro Municipal señala que uno de cada cuatro pisos vacíos en Valencia no se alquila por miedo a la ocupación. Este temor no solo impide a los propietarios rentabilizar sus inmuebles, sino que también restringe el acceso a la vivienda de cientos de familias.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la defensa de la propiedad privada y la promoción del alquiler no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.

“Proteger al propietario no es ir contra el inquilino. Es todo lo contrario: es generar confianza en el sistema”, puntualizó el concejal.

Reacciones de los vecinos: entre la esperanza y la cautela

La medida ha generado reacciones diversas entre los vecinos. Algunos ven en esta oficina una oportunidad para recuperar el control de sus propiedades. Es el caso de Antonio Ruiz, un jubilado que lleva más de un año sin poder acceder a su piso heredado: “Me sentía totalmente desprotegido. Saber que ahora el Ayuntamiento te escucha y te asesora, al menos da un poco de esperanza”.

Por otro lado, algunas asociaciones de ayuda a personas sin hogar han mostrado su preocupación por posibles efectos colaterales. Desde la plataforma Habitar Valencia, se advierte que “hay que distinguir entre mafias de ocupación y familias en situación de emergencia habitacional. No todo es lo mismo”.

¿Será suficiente?

La efectividad de esta oficina dependerá, en gran parte, de su capacidad para ofrecer soluciones ágiles sin vulnerar derechos fundamentales. También será crucial evitar la estigmatización de colectivos vulnerables y garantizar que se actúe con proporcionalidad y rigor jurídico.

No obstante, el movimiento del consistorio deja un mensaje claro: Valencia no quiere tolerar la ocupación como una normalidad urbana, y pone sus recursos al servicio de quienes cumplen las reglas.