VALENCIA. – La tensión en los centros penitenciarios españoles vuelve a quedar patente tras el grave incidente ocurrido el pasado viernes 20 de febrero en el Centro Penitenciario Antonio Asunción Hernández, ubicado en la localidad valenciana de Picassent. Un funcionario de prisiones tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia después de recibir un violento golpe por parte de un interno, en lo que el sindicato TAMPM califica como una muestra más de la «inseguridad y el abandono» que sufre el colectivo.
Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana, justo después del recuento matutino, durante el reparto del desayuno en el comedor del Módulo 8 de la unidad de Cumplimiento. Según relata el sindicato en una nota de prensa, el conflicto se originó cuando un interno comenzó a proferir gritos y a mostrar una actitud agresiva sin motivo aparente. Ante el riesgo de que el alboroto escalara y afectara al resto de la población reclusa, los funcionarios de servicio intervinieron para aislar al sujeto.
Fue en ese instante cuando el interno arremetió contra uno de los trabajadores, asestándole un fuerte golpe en el rostro. El impacto le provocó una profusa hemorragia nasal, una herida abierta en la frente y diversas contusiones. Gracias a la rápida intervención de una compañera y de refuerzos provenientes de otros módulos, se logró reducir al agresor. Sin embargo, la gravedad de las lesiones del funcionario obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario, donde se confirmó la fractura de los huesos propios de la nariz, requiriendo cirugía inmediata.
Falta de personal y masificación: un cóctel explosivo
Desde la sección sindical de TAMPM en Picassent señalan que esta agresión no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un «cúmulo de circunstancias» críticas. En el momento del ataque, el Módulo 8 —que alberga a cerca de 95 internos de perfil conflictivo— contaba únicamente con dos trabajadores, a pesar de que el protocolo establece un mínimo de tres para garantizar la seguridad.
«Los internos conflictivos se crecen en estas situaciones de inferioridad numérica», explican desde el sindicato. Además, destacan que 19 de los reclusos en dicho módulo se encontraban cumpliendo sanciones por faltas previas, lo que eleva el nivel de crispación en el ambiente. La falta de efectivos suficientes deja a los funcionarios en una situación de vulnerabilidad extrema ante internos que no temen las consecuencias de sus actos.
El conflicto político: el «agravio» frente a Cataluña
La agresión ha servido también de catalizador para una reivindicación histórica del sector. El sindicato ha expresado su profunda indignación por la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley que reconoce el carácter de Agentes de la Autoridad únicamente a los funcionarios de prisiones que prestan servicio en Cataluña.
Para los trabajadores del resto del Estado, esta distinción supone un «agravio comparativo flagrante». Argumentan que, sin este reconocimiento legal, las agresiones que sufren no conllevan el mismo reproche penal, perdiendo así un efecto disuasorio fundamental. «Es desmoralizador ver cómo nuestros representantes públicos ponen obstáculos a nuestra seguridad negándonos las herramientas básicas», lamentan desde TAMPM.
En el comunicado emitido concluyen con un mensaje contundente dirigido a la administración penitenciaria y al Ministerio del Interior: «No, señores, las agresiones no van en el sueldo». El colectivo exige medidas urgentes para paliar la falta de personal y un marco legal que proteja por igual a todos los trabajadores penitenciarios del país, independientemente de la comunidad en la que ejerzan sus funciones.
