27 de febrero de 2026
La tensión entre el sector primario y la Comisión Europea ha alcanzado su punto de ruptura. En un movimiento que ha incendiado las principales organizaciones agrarias del continente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la activación provisional del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión no solo llega en un momento de fragilidad para el campo español, sino que lo hace rodeada de una grave polémica sanitaria: un informe oficial de la propia Unión Europea cuestiona la seguridad de la carne brasileña que llegará a las mesas de los consumidores europeos.
Una auditoría que pone en jaque la salud pública
El detonante de la indignación de AVA-ASAJA y ASAJA Nacional es el informe de auditoría DG(SANTE) CT-2025-0241. Publicado apenas dos días antes de la firma provisional, el documento es demoledor: concluye que Brasil no ofrece garantías plenas de que la carne bovina exportada a la UE esté libre de estradiol 17β, una hormona de crecimiento prohibida en territorio comunitario por sus riesgos potenciales para la salud.
Según el informe oficial, las medidas de control adoptadas por las autoridades brasileñas no han sido «plenamente eficaces» para excluir a los animales tratados con esta sustancia del circuito de exportación hacia Europa. Para el sector agrario, este hecho convierte la firma del acuerdo en un acto de negligencia política. «Es una auténtica traición institucional», denuncian desde AVA-ASAJA. «No se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, Bruselas acelera un pacto que socava la confianza en el sistema de control sanitario».
Desventaja competitiva y «dumping» normativo
El malestar de los agricultores y ganaderos españoles no reside solo en la cuestión sanitaria, sino en la falta de reciprocidad. Mientras los productores de la UE están sujetos a normativas ambientales, de bienestar animal y sanitarias extremadamente estrictas —que elevan significativamente sus costes de producción—, el acuerdo con Mercosur abre la puerta a productos que no cumplen con los mismos estándares.
«No nos oponemos al comercio internacional, pero sí a la competencia desleal. Este acuerdo incrementa los contingentes de importación en sectores ultrasensibles para España sin exigir las mismas reglas de juego», señalan fuentes de la organización.
La batalla legal: El último aliento en los tribunales
Pese al anuncio de activación provisional, el sector agrario subraya que el proceso no ha terminado. La ratificación definitiva depende del Parlamento Europeo, donde se espera una votación bronca y ajustada. Sin embargo, la esperanza más inmediata reside en la vía judicial.
Países como Hungría y Polonia ya han anunciado su intención de presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De prosperar, el tribunal podría suspender cautelarmente la aplicación del acuerdo debido a las dudas jurídicas y sanitarias planteadas. AVA-ASAJA ha hecho un llamamiento directo al Gobierno de España para que abandone su postura de perfil y se sume a esta ofensiva legal para proteger los intereses de los ganaderos nacionales.
Un horizonte de movilizaciones
La respuesta en las calles no se hará esperar. ASAJA ha advertido que mantendrá y endurecerá su calendario de movilizaciones. Para el sector, lo que está en juego no es solo la rentabilidad de las explotaciones, sino el modelo alimentario europeo.
«El sector agrario no va a permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su viabilidad y la seguridad alimentaria de todos los europeos», concluye el comunicado. Con la sombra de la carne hormonada sobre el tablero y los tribunales europeos como nuevo campo de batalla, el acuerdo con Mercosur se enfrenta a su etapa más crítica y divisiva desde que comenzaran las negociaciones hace más de dos décadas.
