La costa valenciana vuelve a ser el epicentro de un choque de trenes institucional que deja a cientos de propietarios en vilo. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra la Llei de Costes de la Generalitat, suspendiendo cautelarmente la figura del «núcleo urbano de especial valor etnológico», el escudo que protegía las casitas de primera línea en municipios como Nules o Guardamar.

El alto tribunal suspende los apartados clave de la ley valenciana que protegían las casas históricas de primera línea. El vecindario teme que la nulidad de la norma estatal suponga el derribo o la expropiación de enclaves con cien años de historia.

Un jarro de agua fría ha caído sobre las asociaciones de vecinos del litoral valenciano este viernes. La admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo central deja sin efecto, de momento, la protección especial que las Cortes Valencianas aprobaron en mayo de 2025. El Gobierno de España considera que la Generalitat ha invadido competencias estatales al intentar regular el dominio público marítimo-terrestre.

Esta decisión deja en el aire el futuro de núcleos emblemáticos que forman parte de la identidad colectiva de la Comunitat:

• En el Norte: Las casitas de Nules, declaradas Bien de Relevancia Local, y Torre la Sal en Cabanes.
• En el Sur: La playa de El Pinet en Elche y la zona de Babilònia en Guardamar del Segura, un conjunto de viviendas con un siglo de historia.

«Identidad frente a expropiación»

Desde la Asociación de Vecinos de Guardamar Playa, su secretario Manuel López reclama un pacto político que integre el patrimonio cultural con la defensa del medio ambiente. La preocupación se extiende también a infraestructuras como el paseo marítimo de Puçol, que podría quedar en manos del Estado. «No compartimos que el Estado expropie el paseo», lamentan desde el consistorio de l’Horta Nord, recordando los derribos ya sufridos en el año 2002.

Los colectivos ecologistas, por su parte, celebran la decisión del Constitucional al considerar que la ley valenciana era un «atentado» contra la protección del medio marino. Ahora, el futuro de la primera línea queda supeditado a la sentencia definitiva del alto tribunal, que determinará si estas viviendas son patrimonio cultural o deben desaparecer para devolver la arena al dominio público.