VALENCIA – La presión social y económica sobre les Corts Valencianes ha alcanzado hoy su punto de ebullición. En un acto de unidad poco frecuente por su transversalidad, los principales representantes de la economía, la abogacía y el sector agrario valenciano han alzado la voz para exigir una acción inmediata: la recuperación del Derecho Civil Valenciano mediante una reforma constitucional que no puede esperar más.
El escenario elegido, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), sirvió de altavoz para una demanda que no solo es jurídica, sino profundamente identitaria y económica. La fecha límite marcada en el calendario es el 25 de abril, una efeméride cargada de simbolismo negativo —el aniversario de la Batalla de Almansa y la pérdida de los Fueros— que la sociedad civil pretende transformar en el día de la restitución histórica.
Una oportunidad de oro en el Congreso y Senado
El catalizador de esta urgencia es una «ventana de oportunidad» legislativa: la inminente reforma de la Constitución Española para permitir que la isla de Formentera disponga de su propio senador. La sociedad valenciana considera un agravio comparativo que Baleares haya tramitado su petición en apenas dos semanas, mientras que en la Comunidad Valenciana, la solicitud sigue encallada tras cinco meses de parálisis parlamentaria.
«No podemos permitir que el Gobierno valenciano desaproveche esta oportunidad», denunció José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians. Chirivella calificó de «inexplicable» el retraso de les Corts Valencianes, recordando que existe un consenso prácticamente unánime sobre esta cuestión desde el año 2020 que, sin embargo, no termina de materializarse en Madrid.
Más de cinco años ha estado la Mesa del Congreso ignorando la petición de Les Corts Valencianes, ignorando a los valencianos, y cuando finalmente por conveniencia se lleva adelante, se solicita a les Corts Valencianes que denomine a 3 representantes del parlamento autonómico para que defiendan en el Congreso la reforma constitucional exprés con una frase de adición para que permita legislar al parlamento autonómico con materias de derecho civil propio.
El pasado octubre la presidenta del Congreso remitió esta carta a les Corts Valencianes pidiendo que se nombraran tres diputados autonómicos que defendieran este tema en el Congreso, pero 6 meses después no ha habido respuesta desde el parlamento valenciano y ahora parece que les Corts Valencianes ignoran esta petición del Congreso.
El muro de cristal en Madrid
La crítica más acerada se dirigió hacia la clase política y su aparente dualidad según el territorio donde se encuentren. Eva Blasco, presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), fue tajante al señalar que la recuperación de estas competencias es, ante todo, una cuestión de justicia equiparable a la lucha contra la infrafinanciación.
«Nuestros políticos mantienen unos discursos a favor en Valencia que se diluyen cuando llegan a Madrid. Somos el único territorio con derecho foral histórico que se ha quedado atrás», lamentó Blasco.
Esta sensación de agravio fue secundada por Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien vinculó directamente la pérdida de los Fueros hace tres siglos con la actual pérdida de liderazgo económico y agrario. Para Aguado, la falta de un derecho civil propio sitúa a los valencianos en una posición de «indefensión» y «discriminación» frente a otras comunidades autónomas que sí han blindado sus particularidades legales.
Un derecho del «día a día»: Del campo a la familia
Para alejar el debate de la abstracción jurídica, los expertos presentes en la rueda de prensa desgranaron cómo afectaría esta reforma a la vida cotidiana de los ciudadanos. Sofía de Andrés, diputada del ICAV, y el catedrático Francisco Blasco, subrayaron que el Derecho Civil Valenciano es la herramienta que regula aspectos tan vitales como:
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Sucesiones y herencias: Otorgaría mayor libertad a los ciudadanos a la hora de testar, adaptando la ley a la realidad familiar actual.
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Empresa familiar y agricultura: Facilitaría el relevo generacional, un punto crítico para la supervivencia de las explotaciones agrarias valencianas.
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Derecho de familia: Permitiría blindar normativas propias sobre custodia compartida y la protección de personas con discapacidad.
El despertar del espíritu valenciano
La comparecencia concluyó con una apelación directa al orgullo y la responsabilidad de los legisladores. El sector agrario, representado por AVA-ASAJA, recordó que disponer de leyes adecuadas a las costumbres locales es esencial para tomar decisiones «valientes» sobre el presupuesto y el territorio.
«Va siendo hora de recuperar el espíritu del pueblo valenciano», sentenció Aguado, advirtiendo que la paciencia de la sociedad civil se agota ante lo que consideran un «ninguneo» sistemático. La pelota está ahora en el tejado de les Corts Valencianes, que tienen menos de un mes para decidir si el 25 de abril de 2026 será recordado como el día de otra oportunidad perdida o como el inicio de la recuperación de su soberanía civil.
