MADRID – En un esfuerzo por erradicar las múltiples capas de discriminación que sufre uno de los sectores más vulnerables de la población, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha presentado este 9 de abril de 2026 la guía ‘Por un Buen Trato a las Personas Mayores Sordas’. El documento nace con la ambición de ser una herramienta pedagógica esencial para transformar la interacción entre este colectivo, sus familias, los profesionales sociosanitarios y las instituciones públicas.
La publicación se sostiene sobre tres pilares estratégicos: sensibilizar sobre las discriminaciones invisibles, empoderar a los propios mayores para que identifiquen y denuncien vulneraciones de sus derechos, y orientar a la sociedad mediante recursos legales y ejemplos prácticos de la vida cotidiana.
Un enfoque interseccional contra la exclusión
La guía pone el foco en la interseccionalidad, advirtiendo que las personas mayores sordas enfrentan una «doble barrera». Por un lado, los desafíos biológicos y sociales propios del envejecimiento y, por otro, los obstáculos específicos derivados de su discapacidad auditiva, tales como la falta de acceso a la información y las limitaciones estructurales para la participación social.
Amparo Minguet, consejera de la CNSE, destacó durante el acto que esta combinación de realidades «multiplica las situaciones de desigualdad«. Para combatir este diagnóstico, el documento identifica conductas de trato inadecuado que a menudo pasan desapercibidas en entornos como la sanidad o la administración. Conceptos como el edadismo (discriminación por edad), el audismo (discriminación por ser sordo), la infantilización y el paternalismo son analizados para ofrecer herramientas concretas que permitan una respuesta efectiva.
La importancia de los profesionales sordos
Uno de los puntos más innovadores de la guía es la reivindicación de una atención especializada y directa. Roberto Suárez, presidente de la confederación, ha hecho un llamamiento a fomentar la contratación de profesionales sordos en centros de día, residencias y servicios de ayuda a domicilio.
“Lo ideal es que las personas mayores sordas puedan ser atendidas por profesionales que compartan su misma lengua, porque eso reduce errores, evita la dependencia de terceros y favorece una atención más humana y eficaz”, señaló Suárez.
Según el presidente de la entidad, la presencia de estos profesionales no solo garantiza una inclusión efectiva, sino que aporta una «conexión real» y referentes de empatía necesarios para un sistema de cuidados digno.
Marco legal y recursos accesibles
Para dar soporte técnico a sus propuestas, la guía se apoya en un robusto marco normativo que incluye la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas, y el Real Decreto 674/2023. Asimismo, se vincula con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras leyes fundamentales de dependencia y autonomía.
Entre los recursos destacados figura LeySign, un portal accesible impulsado por la CNSE que traduce la legislación a la lengua de signos, permitiendo que el colectivo conozca sus derechos sin las barreras lingüísticas habituales del lenguaje jurídico.
Dos décadas de compromiso
Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que se integra en una trayectoria de casi veinte años de la CNSE trabajando en favor de la dignidad y la autonomía de los mayores. El proyecto ha contado con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (vía IRPF) y de la Fundación ONCE.
Tanto Minguet como Suárez coincidieron en que el futuro del movimiento asociativo pasa por reconocer a las personas mayores no como receptoras pasivas de ayuda, sino como protagonistas y agentes de cambio. «Su experiencia y memoria son un recurso que nuestra red asociativa no puede desaprovechar», concluyeron, apostando por un diálogo generacional que combine la sabiduría de los veteranos con las nuevas perspectivas de la juventud sorda.
Sobre la CNSE
Fundada en 1936, la CNSE es una organización sin ánimo de lucro compuesta por 18 federaciones y más de 100 asociaciones en toda España. Su labor se centra en la incidencia política y la prestación de servicios para lograr la plena ciudadanía de todas las personas sordas, independientemente de su afiliación.
