El Gobierno ha puesto en marcha una directriz interna para facilitar la tramitación de regularizaciones de los internos extranjeros en los centros penitenciarios de España. Esta medida, que no supone un cambio de ley pero sí un importante giro operativo, busca evitar que los reclusos queden en situación irregular al cumplir su condena, pero ha abierto una brecha considerable entre la administración y los sindicatos de funcionarios de prisiones.

Qué ha pasado

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado una instrucción a todos los centros para que identifiquen a los internos extranjeros que puedan acogerse a procesos de regularización. El objetivo es que los centros colaboren activamente con las oficinas de extranjería y las delegaciones del Gobierno durante el cumplimiento de la pena.

Es importante señalar que no es una nueva ley, sino una instrucción técnica para aplicar el Real Decreto 316/2026. La medida surge después de que el partido Más Madrid presionara en el Congreso para evitar que, al salir de prisión, los internos se encuentren en un vacío legal que, según el Ejecutivo, complica su reinserción social.

Por qué ocurre

El trasfondo es puramente estadístico y político: en España hay más de 15.000 presos extranjeros, lo que supone más del 30% de la población reclusa total. La gran mayoría proviene de Marruecos y Argelia. El Gobierno argumenta que mantener a personas en situación irregular tras la salida de prisión es una barrera para su reinserción. Sin embargo, la instrucción llega tras meses de presión por parte de socios parlamentarios, buscando agilizar trámites que antes dependían de la iniciativa del propio interno.

Impacto en Valencia: la realidad de centros como Picassent

En la Comunidad Valenciana, este cambio tiene una relevancia directa. El Centro Penitenciario de Picassent, uno de los más grandes de Europa, gestiona un volumen de población reclusa extranjera muy elevado.

Esta nueva instrucción supondrá, en la práctica, un aumento significativo de la carga administrativa para los funcionarios de los centros valencianos. Los equipos de gestión y trabajadores sociales de Picassent deberán destinar tiempo y recursos extra a la tramitación de expedientes, coordinación con Extranjería y gestión documental, en un contexto donde los recursos humanos ya están tensionados.

El malestar de los funcionarios: «Celeridad para unos, silencio para otros»

El movimiento del Ejecutivo ha reavivado el conflicto con los trabajadores penitenciarios. El sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM) ha denunciado que la Secretaría General muestra una «celeridad pasmosa» para implementar medidas que afectan a los internos, mientras mantiene un «silencio sistemático» ante las demandas laborales históricas.

Los funcionarios ponen sobre la mesa reivindicaciones bloqueadas durante años, como:

• La reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para ser reconocidos como agentes de la autoridad.
• Medidas para reducir los desplazamientos diarios (a veces de más de 50 km).
• Mejoras en las condiciones de seguridad ante el aumento de la multirreincidencia.

Qué puede pasar ahora

Es probable que veamos una mayor burocracia en el día a día de las cárceles. Si el sistema de prisiones se convierte en una «oficina de extranjería» acelerada, el foco del personal podría desviarse de la rehabilitación hacia la tramitación administrativa. Además, el descontento sindical no hará más que aumentar si los funcionarios perciben que el Ministerio prioriza la agenda de sus socios parlamentarios sobre las carencias del personal de prisiones.

Qué debe tener en cuenta el lector

Para el ciudadano, esta noticia implica dos realidades paralelas. Por un lado, la intención oficial de reducir la bolsa de personas en situación administrativa irregular al salir de prisión. Por otro, la crisis interna de un sistema penitenciario (como el de nuestra comunidad) que opera al límite.

La clave no es solo la regularización, sino la capacidad de los centros para gestionar estos expedientes sin desatender la seguridad y la vigilancia. Si la administración obliga a los funcionarios a asumir tareas administrativas complejas sin reforzar la plantilla, es probable que la gestión diaria en las cárceles valencianas se complique aún más.