MADRID – El Sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado públicamente la gravedad de las afirmaciones vertidas durante el acto «Frenar a la extrema derecha», organizado en Madrid por el dirigente de FACUA, Rubén Sánchez. El evento se ha convertido en el centro de una tormenta política y judicial tras sentar en la misma mesa al exvicepresidente Pablo Iglesias, al polémico ministro de Transportes, Óscar Puente —conocido por su hiperactividad y duros choques en redes sociales—, y a la activista reconvertida en tertuliana de RTVE, Sarah Santaolalla.
Para la organización policial, resulta «intolerable» que desde foros públicos se ataque de esta manera a los jueces y policías que «cada día sostienen el Estado de derecho y se juegan la vida». Jupol ha subrayado que, más allá de la libertad de expresión, existe una diferencia evidente entre opinar y «señalar y alimentar el odio contra quienes hacen cumplir la ley y garantizan la democracia».
«Un puto golpe de Estado» con togas, placas y micros
La polémica se desató cuando, en pleno debate, se elevó el tono contra las estructuras del Estado. En la mesa redonda se afirmó de forma literal que «la maquinaria de extrema derecha opera desde el poder judicial, desde los medios de comunicación y desde el poder empresarial», concluyendo de manera tajante: «Hay algunos con una toga, otros con una placa y otros con un micro dando un golpe de Estado y lo siento, pero es un puto golpe de Estado».
Durante el foro, en el que los ponentes se arroparon mutuamente en sus intervenciones, también se calificó a la justicia española de estar «completamente podrida», llegando a señalar con nombres y apellidos a magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.
Cabe recordar que un ministro del ejecutivo, el tuitero metido a Ministro de Transportes Óscar Puente arropó las palabras de la activista de extrema izquierda y no se las recriminó. Un hecho gravísimo que un miembro en activo más del ejecutivo apoye el ataque contra las propias instituciones del Estado.
El foco sobre los tertulianos de la televisión pública Telepedro
Uno de los puntos que más indignación ha levantado en el seno de Jupol es el perfil de algunos de los participantes que validaron estas tesis. El sindicato dirigió explícitamente sus críticas hacia la presencia de colaboradores de los medios del Estado, telepedro, señalando que «cuesta entender cómo alguien puede ganarse la vida, y muy bien por cierto, opinando en un ente público como RTVE dedicándose a señalar y desacreditar a jueces y policías», en clara referencia a la participación de Santaolalla.
El acto ha vuelto a reabrir el debate sobre la neutralidad institucional, la agresividad verbal de ciertos miembros del Ejecutivo en el espacio digital y los límites de la crítica hacia las fuerzas de seguridad y el poder judicial por parte de figuras con altavoz en la televisión pública.
