El juicio contra el expresidente de las Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, Julio de España, ha quedado este lunes visto para sentencia tras varias sesiones celebradas en la Audiencia de Alicante.
La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitan para el exdirigente del Partido Popular ocho años de prisión por dos presuntos delitos de agresión sexual y otros dos de trato degradante cometidos, supuestamente, contra dos pacientes cuando ejercía como médico digestivo.
Las denunciantes aseguran que los tactos rectales eran innecesarios
Según sostienen las acusaciones, las dos mujeres acudieron a la consulta médica por problemas relacionados con intolerancias alimentarias y molestias digestivas, pero durante la exploración habrían sufrido prácticas médicas que consideran injustificadas y de carácter sexual.
Las denunciantes aseguran que el médico realizó tactos rectales innecesarios sin informar adecuadamente ni solicitar consentimiento, además de acompañar las exploraciones con comentarios de contenido sexual.
Una de las abogadas de las víctimas afirmó durante el juicio que el acusado llegó a decirle a una paciente:
“Ponte a cuatro uvas como si estuvieras castigada”.
La representación legal de la otra denunciante sostiene que su clienta “acudió por una intolerancia alimentaria y el doctor le practicó un tacto rectal y tocamientos vaginales sin su consentimiento”.
La Fiscalía habla de “agresión sexual” y no de acto médico
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han mantenido durante el proceso que las actuaciones del acusado no respondían a criterios médicos reales.
Los letrados de las pacientes han defendido que las maniobras realizadas “no correspondían a ningún criterio médico”, sino que obedecían a “un ánimo libidinoso” por parte del procesado.
Por ello solicitan penas de prisión, inhabilitación profesional, libertad vigilada e indemnizaciones económicas para las víctimas.
Julio de España niega los hechos
Por su parte, Julio de España ha negado rotundamente las acusaciones y su defensa ha pedido la libre absolución.
La estrategia de la defensa se ha centrado en cuestionar la versión de las denunciantes y sostener que las exploraciones practicadas formaban parte de procedimientos médicos válidos.
La abogada del exdirigente popular aseguró durante la vista que varios informes periciales consideran que el tacto rectal “es una técnica vigente, inocua y eficaz” y que no requiere consentimiento informado por escrito.
Además, la defensa ha puesto en duda la credibilidad de las denunciantes argumentando que no mostraron signos evidentes de incomodidad durante las consultas ni denunciaron los hechos inmediatamente después de producirse.
Un caso con fuerte impacto político y mediático
El procedimiento ha generado una gran repercusión debido a la trayectoria política del acusado, que ocupó cargos de relevancia institucional durante años en la Comunitat Valenciana.
Ahora será la Audiencia Provincial de Alicante la encargada de dictar sentencia tras valorar las declaraciones de las denunciantes, los informes periciales y la versión ofrecida por la defensa.
La resolución judicial se conocerá en las próximas semanas y determinará si los hechos denunciados constituyeron actos médicos legítimos o delitos de agresión sexual y trato degradante, tal y como sostienen las acusaciones.
