Un nuevo modelo de gestión compartida permitirá a más de 150 entidades presentar expedientes validados desde el origen, agilizando un proceso clave para los derechos de miles de ciudadanos en la Comunitat Valenciana.
VALENCIA. — En un giro estratégico orientado a desatascar uno de los trámites más sensibles de la administración pública, la Generalitat Valenciana ha presentado de forma oficial el nuevo sistema de «entes habilitados«. Mediante esta fórmula legal, las asociaciones y entidades sociales del tercer sector podrán tramitar directamente y en nombre de los ciudadanos las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, busca atajar de raíz los prolongados tiempos de espera que sufren los usuarios en la Comunitat Valenciana. Al permitir que el propio tejido asociativo actúe como canal directo, se aspira a descongestionar las ventanillas públicas y acelerar la resolución de expedientes esenciales.
El anuncio tuvo lugar en una multitudinaria jornada informativa celebrada en el complejo de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. El encuentro, de carácter mixto (presencial y telemático), congregó a más de 150 organizaciones sociales, profesionales del ámbito sanitario y técnicos del sector asistencial, evidenciando la enorme expectación que genera esta reforma.
Bárbara Congost, directora general de Personas con Discapacidad, inauguró la sesión defendiendo que la medida atiende a una reclamación histórica y supone un avance cualitativo en la modernización del sistema institucional. “Facilitar el acceso de las personas al reconocimiento de su discapacidad, simplificando trámites y reduciendo tiempos de espera, es prioridad máxima de esta dirección general y punto clave para este Consell”, subrayó la directora general.
Un filtro de calidad desde el origen
Bajo la nueva normativa, los colectivos autorizados como «entes habilitados» asumirán la tarea de preparar, supervisar y registrar la documentación requerida por el Consell. Al estar los expedientes formalmente completos y validados desde el primer momento, la administración prevé eliminar las subsanaciones repetitivas y las incidencias burocráticas que dilatan crónicamente los plazos.
Por su parte, el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, incidió en la repercusión humana que acarrea la lentitud burocrática en este sector particular. “En el caso del reconocimiento del grado de discapacidad cada día de retraso, cada incidencia documental, cada vuelta atrás en un expediente, tiene un coste real en la vida de alguien. Por eso la simplificación en el proceso es un medio para que los derechos lleguen antes y mejor a las personas”, advirtió con firmeza.
Ortega defendió el acuerdo como una forma «más inteligente y cooperativa» de gestionar los recursos públicos. Argumentó que el acompañamiento directo de las entidades mejora la calidad técnica de las solicitudes, reduciendo los errores de forma y liberando a los funcionarios públicos para centrarse en lo que verdaderamente requiere su intervención. “Todos ganan: la persona, la entidad y la propia administración”, concluyó.
La jornada técnica concluyó detallando la hoja de ruta y los rigurosos requisitos de acreditación y buenas prácticas que deberán cumplir aquellas fundaciones y asociaciones que deseen obtener el estatus formal de ente habilitado, abriendo un nuevo escenario en la gestión de las políticas sociales autonómicas.
