VALÉNCIA. – El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha dado un paso firme en la defensa de los derechos sociales al trasladar a los diferentes grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes un ambicioso paquete de medidas para los Presupuestos de la Generalitat de 2026. La plataforma ciudadana propone una inyección económica exacta de 14.234.900 euros distribuida en 17 propuestas con impacto financiero directo, complementada por ocho iniciativas programáticas centradas en optimizar la gestión pública. El objetivo prioritario es reforzar la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus familias en un contexto socioeconómico complejo.
Un presupuesto basado en los derechos humanos y la estabilidad
Las demandas de la entidad no nacen de la improvisación, sino de un enfoque fundamentado en los derechos humanos, la accesibilidad universal, la desinstitucionalización y la inclusión comunitaria. Según explica el CERMI-CV, el documento se ha diseñado bajo estrictos criterios de responsabilidad y neutralidad presupuestaria. Esto implica que las partidas económicas planteadas se compensan con minoraciones orientativas en otras áreas, asegurando no afectar a los créditos finalistas ni a los servicios esenciales ya existentes para el colectivo.
“El presupuesto no es un documento neutro: expresa prioridades políticas. Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 deben ser una herramienta efectiva para garantizar igualdad real, autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal para las personas con discapacidad y sus familias”, reivindica con firmeza el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó.
Una de las grandes preocupaciones del sector es la sostenibilidad de la acción concertada social. Debido al encarecimiento generalizado de los costes, la plataforma ve urgente actualizar la financiación pública para asegurar la continuidad de los servicios especializados que reciben miles de personas en el territorio valenciano. Asimismo, se solicita potenciar de manera decidida la atención temprana, las ayudas para la autonomía personal y los itinerarios de vida independiente para frenar las desigualdades territoriales.
Accesibilidad integral, justicia inclusiva y emergencias
El documento normativo presentado en el parlamento autonómico pone el foco en derribar las barreras burocráticas y físicas que aíslan a los ciudadanos. En el plano judicial, el CERMI-CV insta a implantar de forma generalizada la figura de los facilitadores procesales, la lectura fácil, las notificaciones accesibles y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, con especial atención a las víctimas en situación de alta vulnerabilidad.
Por otra parte, la seguridad ante catástrofes ocupa un lugar relevante en la agenda de la organización. La entidad exige adecuar el servicio de emergencias 112 y los sistemas de alerta pública para dar cobertura real a las personas con grandes necesidades de soporte o pacientes electrodependientes. Desde el comité recuerdan de forma contundente: “La experiencia reciente demuestra que la emergencia que no incluye a las personas con discapacidad desde el diseño no protege adecuadamente a toda la ciudadanía. La accesibilidad, la anticipación y los apoyos personalizados salvan vidas”.
Transversalidad: de la vivienda al empleo inclusivo
La propuesta de inversión abarca prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana, incluyendo sanidad, educación, habitabilidad y transporte. En el ámbito de la salud, se urge a mejorar la prestación ortoprotésica —como la adquisición de sillas de ruedas motorizadas— y a consolidar la Estrategia Valenciana de Daño Cerebral Adquirido. En educación, se aboga por multiplicar los recursos humanos especializados para lograr una verdadera inclusión escolar.
La vivienda y la movilidad también centran las exigencias, reclamando fondos específicos para la eliminación de barreras arquitectónicas en hogares vulnerables, garantizando así que mujeres con discapacidad o personas mayores disfruten de entornos seguros y autónomos.
Fortalecer la estructura del Tercer Sector
Finalmente, las demandas del CERMI-CV insisten en la necesidad de blindar la estructura interna de las organizaciones que componen el Tercer Sector mediante la transparencia y la representatividad territorial. El tejido asociativo actúa como un puente indispensable entre la administración y la ciudadanía, aportando experiencia técnica donde las instituciones no llegan. “Sin un Tercer Sector fuerte y estable, las políticas públicas pierden capilaridad y conexión con la realidad”, recuerda Vañó.
Con el horizonte puesto en las cuentas autonómicas de 2026, la plataforma ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias de Les Corts para que asuman estas propuestas como una política de país que debe quedar completamente al margen de la confrontación partidista.
