La Asociación de Agricultores de Nules califica de «insulto a la inteligencia» la respuesta de la Comisión Europea, que rechaza catalogar el virus como plaga cuarentenaria por estar «demasiado extendido» en el territorio nacional
Por: Redacción Agraria | Castellón de la Plana
La Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN) ha hecho saltar todas las alarmas tras analizar detalladamente la última resolución de la Comisión Europea en relación a la Petición 1203/2024. Según el colectivo agrario, las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo comunitario constituyen una auténtica «sentencia de muerte para la citricultura española» y evidencian una preocupante falta de voluntad política para defender los cultivos del sur de Europa frente a la propagación de patógenos exóticos.
El núcleo del conflicto se encuentra en el Virus de la Clorosis Nervial Amarilla (CYVCV, por sus siglas en inglés). La Comisión ha admitido formalmente que dicho patógeno se encuentra «bajo evaluación», pero ha justificado su inacción con un argumento administrativo que los agricultores tachan de «trampa burocrática perfecta». Según el dictamen de Bruselas, debido a que la plaga ya está introducida y diseminada en varias zonas de producción, esta deja de cumplir con los criterios técnicos para ser catalogada de carácter estrictamente «cuarentenario».
«Nos dicen que no es plaga porque ya está extendido. Es un círculo vicioso diseñado para no mover un dedo mientras el campo se muere», denuncian desde la asociación.
Esta paradoja institucional ha encendido la indignación de los productores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, regiones donde el CYVCV ya registra múltiples brotes activos —con 43 focos confirmados solo en suelo valenciano—. Al no ser declarado formalmente como plaga por la vía de urgencia, no se despliegan recursos ni restricciones fronterizas eficaces para frenar su avance, abocando al sector a una diseminación descontrolada.
Ciencia «a la carta» en el tratamiento en frío
Otro de los focos de conflicto es la aplicación del tratamiento en frío en frontera, un protocolo de seguridad biológica que en la actualidad la Unión Europea restringe de forma exclusiva a las importaciones de naranja. Los productores españoles exigen que esta medida de contención se extienda de inmediato a mandarinas, limones y pomelos ante la persistente entrada de cargamentos infectados con la «falsa polilla» (Thaumatotibia leucotreta).
No obstante, la Comisión Europea, amparándose en informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), sostiene que no existe «evidencia científica suficiente» para ampliar la medida regulatoria a otros cítricos, asumiendo de manera controvertida que variedades como la mandarina o el pomelo carecen del mismo nivel de riesgo de transmisión.
Esta postura choca frontalmente con los propios datos oficiales de interceptación correspondientes a 2021. De los 29 cargamentos con presencia detectada de falsa polilla en frontera, el 41% de los positivos se dio en variedades que hoy en día no tienen exigencia de tratamiento en frío (7 partidas de pomelo, 4 de mandarinas y 1 de kumquat frente a las 17 registradas en naranjas). Para AIAN, esto demuestra que la Comisión ejerce una «ciencia a la carta» con el objetivo final de no interferir en los flujos comerciales de terceros países exportadores como Sudáfrica.
La inacción del Ministerio de Agricultura
La resolución de la Comisión Europea no solo ha arrojado críticas hacia el aparato institucional de Bruselas, sino que también ha dejado al descubierto la falta de iniciativa de las administraciones nacionales. El Ejecutivo comunitario ha confirmado de forma explícita que el Gobierno de España no ha solicitado hasta la fecha las ayudas financieras de cofinanciación contempladas por la Unión Europea para combatir y erradicar estas plagas citrícolas.
Este dato ha desatado duras críticas hacia el Ministerio de Agricultura, al que los agricultores acusan de «dejadez absoluta» mientras el sector primario asume pérdidas de hasta el 97% de su cosecha en las zonas más afectadas, forzando el cierre de cooperativas locales y acelerando la despoblación rural.
Rumbo a los tribunales de justicia
Ante una parálisis que consideran insalvable, donde la gran propuesta de la Comisión pasa por la creación de un nuevo «grupo de trabajo» que demoraría cualquier solución real hasta el año 2028, AIAN sopesa de forma firme judicializar el conflicto.
La asociación de Nules, que cuenta con el respaldo unánime del Ayuntamiento, la Diputación de Castellón y el apoyo de grupos políticos del Parlamento Europeo, exige que la Comisión asuma responsabilidades patrimoniales por los fallos de seguridad en frontera. «Si un agricultor se equivoca, se arruina y pierde sus tierras. Si la Comisión comete errores de bulto, debe indemnizar como cualquier entidad civil» concluyen, asegurando que están listos para sentar a la Comisión Europea ante los tribunales y exigir responsabilidades por la vía judicial.
