La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este lunes a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. El tribunal ha impuesto la misma pena al expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, así como a otros implicados en la causa.
Sin prisión, pero con inhabilitación
La sentencia descarta las penas de prisión que habían solicitado las acusaciones populares, que llegaban hasta los seis años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Finalmente, el tribunal ha optado únicamente por la pena de inhabilitación administrativa, lo que impediría a los condenados desempeñar cargos públicos durante el periodo fijado por la resolución judicial.
La Fiscalía había solicitado la absolución tanto de David Sánchez como del resto de acusados al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar los delitos imputados.
El origen del caso
La investigación se centró en la creación en 2017 del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, plaza que posteriormente fue ocupada por David Sánchez tras un proceso de libre designación.
Las acusaciones sostenían que el puesto fue diseñado específicamente para ajustarse al perfil profesional del músico y compositor, vulnerando los principios de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la administración pública. La defensa, por el contrario, defendió durante todo el procedimiento que la contratación siguió los cauces legales y administrativos habituales.
Un juicio con más de medio centenar de testigos
El juicio oral se celebró entre finales de mayo y principios de junio y contó con la declaración de más de cincuenta testigos, además de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), técnicos de la Diputación y los propios acusados.
Durante la vista oral, gran parte de los testimonios respaldaron la legalidad del procedimiento seguido por la Diputación, mientras que las acusaciones populares basaron buena parte de su argumentación en los informes elaborados por la UCO durante la investigación.
La sentencia todavía puede ser recurrida
La resolución de la Audiencia Provincial no es firme y previsiblemente será recurrida ante instancias superiores, por lo que el procedimiento judicial continuará durante los próximos meses.
El fallo supone uno de los episodios judiciales de mayor impacto político de los últimos años al afectar directamente a un familiar del presidente del Gobierno, aunque la condena se limita exclusivamente al ámbito administrativo y no incluye penas privativas de libertad.
La publicación íntegra de la sentencia permitirá conocer en los próximos días los argumentos jurídicos que han llevado al tribunal a considerar acreditado el delito de prevaricación administrativa y a descartar el resto de delitos inicialmente planteados durante la instrucción y el juicio.
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