El Gobierno prepara un nuevo decreto para reducir los daños de futuras riadas y evitar tragedias como la vivida durante la dana de 2024
La forma de construir en las zonas con riesgo de inundación está a punto de cambiar en España. El Gobierno ha sacado a información pública el nuevo proyecto de real decreto sobre gestión del riesgo de inundaciones, una normativa que endurece considerablemente las condiciones urbanísticas y que busca reducir las consecuencias humanas y materiales de futuras riadas.
La iniciativa llega tras la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que dejó cientos de víctimas y enormes daños materiales en numerosos municipios de la provincia de Valencia, especialmente en l’Horta Sud.
Entre las principales novedades destacan la prohibición de garajes subterráneos en nuevas viviendas, la obligación de construir por encima del nivel previsto del agua y la inclusión del riesgo de inundación en las escrituras y en el Registro de la Propiedad.
Las nuevas viviendas deberán construirse un metro por encima del agua prevista
Uno de los cambios más importantes afecta directamente a las nuevas promociones residenciales situadas en áreas inundables.
Según el borrador del decreto, las viviendas deberán situar su planta habitable al menos un metro por encima de la cota máxima estimada de inundación para minimizar los daños en caso de avenida.
Además, quedarán prohibidos los sótanos, semisótanos y garajes subterráneos en estas construcciones, al considerarse algunos de los espacios más peligrosos durante episodios de lluvias torrenciales.
Se endurecen las limitaciones en suelo rural
La futura normativa también restringirá de forma significativa los usos permitidos en suelo no urbanizado situado en zonas inundables.
No podrán construirse nuevos hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas cubiertas, grandes superficies comerciales ni áreas de acampada en estos espacios de riesgo.
El objetivo es evitar que infraestructuras críticas o lugares de gran concentración de personas se ubiquen en áreas especialmente vulnerables ante posibles riadas.
Especial vigilancia en las zonas de flujo preferente
El decreto presta especial atención a las denominadas zonas de flujo preferente, es decir, aquellos espacios por los que el agua circula con mayor velocidad y fuerza durante una inundación.
En estos lugares las limitaciones serán todavía más estrictas y, en la mayoría de los casos, quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas.
No obstante, el texto contempla algunas excepciones para municipios donde más de un tercio del término municipal se encuentra afectado por riesgo de inundación.
Los compradores sabrán si la vivienda está en zona inundable
Otra de las medidas más relevantes afectará al mercado inmobiliario.
A partir de la entrada en vigor de la normativa, las viviendas y locales ubicados en zonas inundables deberán reflejar expresamente esta circunstancia tanto en las escrituras como en el Registro de la Propiedad.
De esta manera, cualquier comprador conocerá antes de formalizar la operación si el inmueble se encuentra en un área con riesgo de inundación.
La medida busca aumentar la transparencia y evitar situaciones en las que los propietarios descubren años después las limitaciones urbanísticas o los riesgos asociados a su vivienda.
Adaptación obligatoria para edificios ya construidos
Aunque el nuevo decreto no afectará a los derechos ya consolidados, sí prevé medidas de adaptación progresiva para edificios e instalaciones existentes en zonas inundables.
Entre ellas se estudian actuaciones destinadas a reducir daños materiales y mejorar la seguridad de las personas ante futuros episodios extremos.
Los municipios deberán actualizar sus planes de emergencia
La normativa obligará también a los ayuntamientos a revisar y modernizar sus planes de protección civil frente a inundaciones.
Estos documentos no solo deberán contemplar evacuaciones y actuaciones de emergencia, sino también estrategias de adaptación y reducción del riesgo a medio y largo plazo.
El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja además en una ordenanza tipo que servirá de referencia para que cada municipio adapte las medidas a las características de su territorio.
Recordar las riadas para no repetir errores
El nuevo decreto también pretende preservar la memoria histórica de las inundaciones.
Para ello se reforzará el catálogo nacional de inundaciones históricas y se impulsará la señalización física en municipios afectados para indicar hasta dónde llegó el agua en episodios anteriores.
El objetivo es evitar que el paso del tiempo haga olvidar el riesgo existente y favorecer una mayor cultura de prevención entre la población.
¿Cuándo entrará en vigor?
Por el momento se trata únicamente de un proyecto normativo en fase de información pública.
El Ministerio espera incorporar las alegaciones durante los próximos meses y remitir posteriormente el texto al Consejo de Estado.
Si el calendario previsto se cumple, el nuevo decreto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de que finalice la actual legislatura, previsiblemente durante 2027.
La futura normativa supondrá uno de los mayores cambios urbanísticos en materia de prevención de inundaciones de las últimas décadas y marcará el desarrollo de muchas zonas del litoral mediterráneo, especialmente en territorios históricamente expuestos a las riadas como la provincia de Valencia.
