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Susana Camarero acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «deslealtad institucional» e «imposición» en el proceso de regularización extraordinaria.
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La ministra Elma Saiz tacha a los populares de partido «antisistema» por dejar la cumbre «en el aire» y reunirse únicamente con las autonomías que acudieron.
MADRID / VALENCIA — La Conferencia Sectorial de Inmigración, convocada para este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha tenido que ser suspendida por falta de quórum después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), entre ellas la Comunitat Valenciana, se hayan negado a participar en la cita.
El encuentro, que iba a estar presidido por la ministra Elma Saiz para analizar el balance del proceso de regularización extraordinaria de migrantes —que acumula casi 1,2 millones de solicitudes en toda España y más de 167.000 en el territorio valenciano—, se ha saldado con un plante conjunto de los consejeros populares. A través de un comunicado y una declaración leída a las puertas de la sede ministerial, los representantes autonómicos del PP han calificado la reunión de «simulación» y han rechazado avalar lo que consideran una «política migratoria opaca e irresponsable».
La respuesta del Ministerio: «El PP se ha convertido en un partido antisistema»
Tras constatarse la imposibilidad de celebrar la sesión formal por la ausencia de la mayoría de los territorios, la ministra Elma Saiz ha reaccionado con dureza ante los medios de comunicación, tachando al PP de «partido antisistema».
«Alberto Núñez Feijóo ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. Eso es lo que tienen para España: la nada, la ausencia y la espantada«, ha criticado Saiz, sugiriendo además que la postura de los populares podría estar condicionada por sus pactos autonómicos con Vox.
Ante el plantón, la titular de Migraciones optó por mantener reuniones individuales con las delegaciones de las autonomías que sí asistieron a la convocatoria: Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha.
La Generalitat Valenciana critica el impacto en los servicios públicos
Por parte del Consell valenciano, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, justificó la inasistencia asegurando que la Generalitat «no va a blanquear una política migratoria inútil y contraria a las directrices europeas». Camarero acusó al Gabinete de Pedro Sánchez de actuar de manera «impositiva, opaca y de espaldas a las comunidades autónomas», reprochando además que la conferencia se haya convocado quince meses después de la última y sin aportar la documentación ni los estudios de impacto económico solicitados.
La número dos del Ejecutivo valenciano advirtió sobre el «coste inasumible» que supone para la región la atención de las más de 167.000 solicitudes tramitadas en la Comunitat Valenciana —tercera autonomía en recepción, con un 14% del total nacional—. Camarero denunció la saturación que esto genera en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y el empleo, exigiendo al Gobierno central la transferencia inmediata de fondos para poder sufragar el impacto de estas regularizaciones.
















