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La delegación que coordina Natàlia Enguix culmina la financiación del proyecto para completar las pruebas genéticas y la construcción de un nuevo mausoleo.
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Más de 200 muestras de restos esqueléticos han sido remitidas al laboratorio de Antropología Forense para realizar los cotejos parentales con una treintena de familias en búsqueda de sus allegados.
ALZIRA (VALENCIA) — 11 de agosto de 2026
Entre el 1 de mayo de 1939 y el 29 de abril de 1940, tras la finalización de la Guerra Civil, más de doscientas personas fueron represaliadas por el régimen franquista en Alzira y sepultadas en fosas comunes del cementerio municipal de la capital de la Ribera Alta. Tras más de ocho décadas de incertidumbre, la Diputación de Valencia ha completado una partida presupuestaria que supera los 300.000 euros en el periodo 2023-2026 para garantizar el proceso de exhumación, identificación genética de las víctimas y la edificación de un nuevo panteón conmemorativo.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la delegación de Memoria Democrática provincial y la asociación Fossar d’Alzira, busca dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia y reparación histórica.
Un desafío técnico y forense de gran complejidad
La vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha destacado la relevancia técnica y simbólica de la intervención:
«La actuación en el cementerio de Alzira es una de las más singulares y ambiciosas emprendidas por la Diputación. Singular por la complejidad de los trabajos, ya que los cuerpos se extrajeron de las fosas en un primer momento por personal no cualificado y sin garantías técnicas, con los cadáveres colocados en sacos que se depositaron en un memorial; y ambicioso porque se estima que los restos pueden pertenecer a 211 personas que fueron víctimas del franquismo».
El plan de trabajo se articuló en distintas etapas financiadas mediante sucesivos convenios:
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Convenio inicial (2023): Dotado con 109.000 euros, se centró en la extracción de los restos depositados en el memorial y en la laboriosa reconstrucción e individualización anatómica de los cuerpos. Las filtraciones de agua y la mezcla de restos dentro de las bolsas complicaron de tal forma la tarea que obligaron a posponer temporalmente la fase genética.
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Reconstrucción del Mausoleo (2024–2025): Se asignaron 30.000 euros para la restauración y adecuación del primer panteón erigido en España en homenaje a los represaliados por la dictadura.
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Subvención para Identificación Genética (2025–2026): En septiembre de 2025 se aprobó un montante global de 185.000 euros distribuido en dos fases anuales. Recientemente, la corporación provincial ha validado la justificación de 129.000 euros ejecutados el pasado ejercicio y ha ordenado la transferencia de los 56.000 euros restantes correspondientes al presupuesto de 2026.
Muestras biológicas en laboratorio y análisis de parentesco
En la actualidad, el equipo técnico ha remitido más de 200 muestras de restos óseos al laboratorio de Antropología Forense. De forma paralela, se han recogido muestras de ADN de familiares que servirán como patrón de comparación para determinar los vínculos de parentesco.
En Alzira, más del 50% de las víctimas ejecutadas procedían de la propia localidad o de municipios limítrofes como Carcaixent y Guadassuar. Actualmente, cerca de una treintena de familias de la comarca continúan a la espera de resultados para confirmar la identidad de sus antepasados.
Distribución Geográfica de las Víctimas del Fossar d'Alzira:
├── Ribera Alta (Alzira, Carcaixent, Guadassuar, entre otros)
├── Ribera Baixa
├── Simat (9 personas)
├── Denia (1 persona)
├── Cheste (1 persona)
└── Origen sin determinar (9 personas)
La represión comarcal tras el conflicto civil
Si bien los núcleos principales de fusilamientos tras la contienda se concentraron en las capitales de provincia (Alicante y Castellón) y en el cementerio de Paterna en Valencia, las cabezas de comarca con prisión propia desempeñaron un papel clave en la estrategia represiva del nuevo régimen. Localidades como Alzira, Sueca, Llíria o Gandia registraron numerosos ejecuciones con intención adoctrinadora y ejemplarizante.
Con el cierre del expediente económico y la finalización del análisis forense, la Diputación y las entidades memorialistas prevén culminar un proceso de localización y dignificación que ha permanecido abierto durante más de ocho décadas.
