La magistrada María Tardón investiga los hechos como una posible acción coordinada. La instrucción judicial solicitó máxima reserva a los agentes investigadores para evitar interferencias políticas de la cúpula de Interior, lo que ha desencadenado una tormenta política en el Congreso.
MADRID.— Un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, y remitido directamente a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha convulsionado el escenario político e institucional español. El atestado técnico describe los acontecimientos vividos los pasados 30 y 31 de julio en la frontera con Ceuta no como un episodio migratorio rutinario u orquestado por redes de tráfico clandestino, sino como una operación planificada que contó con el guiado activo y la permisividad deliberada de las fuerzas de seguridad marroquíes.
El documento pericial, acompañado de mapas, secuencias fotográficas, análisis de tráfico en redes sociales y decenas de testimonios de los propios migrantes, desmonta la tesis mantenida hasta la fecha por la Moncloa. Según las conclusiones de los investigadores, la finalidad del flujo humano masivo no respondía prioritariamente a dinámicas de asilo o trabajo —solo un 10% de los recién llegados intentó permanecer en el territorio de forma continuada—, sino a desbordar operativamente los pasos fronterizos y la capacidad de reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
Dos fases tácticas y pasividad de la Gendarmería
El atestado policial desglosa una cronología precisa de los hechos. Durante la primera fase, desde la madrugada hasta las 10:00 horas del 30 de julio, se registró un cruce constante de varones jóvenes marroquíes (de entre 17 y 30 años) pertrechados con trajes de neopreno y material de nado. Esta primera oleada logró colapsar los dispositivos policiales de contención en el espigón fronterizo.
A partir de las 10:00 horas y hasta las 22:00 horas, la tipología del flujo cambió drásticamente hacia unidades familiares, mujeres y niños. Este movimiento obligó a los escasos efectivos españoles a volcarse exhaustivamente en labores de rescate marítimo y asistencia humanitaria en la orilla. Al caer la noche, se reanudó el cruce de perfiles jóvenes.
De acuerdo con el informe, la actitud de los efectivos de la Gendarmería Real y fuerzas auxiliares marroquíes osciló entre una «total permisividad» y un «guiado activo». Los vídeos analizados y las declaraciones tomadas recogen a agentes marroquíes uniformados e identificados sin uniforme orientando a los grupos hacia las zonas vulnerables del perímetro e indicando los trayectos más accesibles. El análisis telemático revela además que más del 90% de las IP y líneas telefónicas que instigaron la convocatoria masiva en plataformas digitales pertenecían a números con prefijo marroquí (+212).
Secreto de las actuaciones y choque en Interior
Uno de los elementos de mayor impacto institucional es la orden expresa dictada por la jueza María Tardón a la unidad investigadora. La magistrada exigió que la elaboración y entrega del documento se realizara bajo estricta reserva judicial, omitiendo el envío de copias o avances informativos a los mandos políticos del Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía para blindar la investigación de eventuales interferencias.
La revelación del informe judicial ha provocado una marejada en la sede del Ministerio de Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska requirió explicaciones de urgencia a la cúpula de la Policía Nacional. Por su parte, la Dirección General de la Policía ha emitido notas aclaratorias precisando que institucionalmente no existe un informe formal emitido por sus mandos superiores que declare de manera categórica una «operación oficial de Estado» atribuible al Gobierno de Rabat, marcando una distancia matizada respecto a las conclusiones técnicas del atestado elevado a la Audiencia Nacional.
Consecuencias políticas y movilización ciudadana
La divulgación del atestado coincide con una jornada de alta tensión en el Congreso de los Diputados, donde el Presidente del Gobierno afronta un duro debate parlamentario. A excepción del grupo socialista, el arco parlamentario ha exigido explicaciones inmediatas al Ejecutivo tras haberse desestimado previamente hasta tres avisos de inteligencia que advertían de movimientos anómalos en el entorno de Ceuta, así como las llamadas de alerta realizadas por el presidente autonómico de la ciudad, Juan Jesús Vivas.
La crisis institucional se produce tras una jornada de concentraciones de protesta en más de 800 puntos del territorio nacional, reflejando el hondo malestar por la gestión de la seguridad en las fronteras del norte de África y situando bajo
